La organización ambientalista Greenpeace y la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), demandaron un nuevo régimen legal en materia de plaguicidas con respeto a los derechos humanos y una transición hacia la agricultura ecológica.
En el reporte Derechos humanos y plaguicidas elaborado por la organización ambientalista se alertó que en México “hay una pésima gestión de estas sustancias”. Falta una definición de Plaguicidas Altamente Peligrosos y de políticas que establezcan que por sus daños severos deben ser retirados del mercado, según un comunicado.
Además, hay deficiencias en su etiquetado, falta de monitoreo y vigilancia así como la ausencia de opciones ante el uso de plaguicidas, junto a un sistema “perverso” de subsidios que apoyan su uso continuo por agricultores.
Según el reporte, el nuevo marco legal debería sostenerse en la precaución, “quien contamina paga” y en el principio de sustitución, ya que las deficiencias en la legislación nacional sobre sustancias peligrosas, “atentan contra derechos humanos tales como el derecho a un medio ambiente sano, la alimentación y el agua, el derecho a la salud, así como derechos laborales de trabajadores del campo, mujeres embarazadas o en lactancia y niños jornaleros”.
“Denunciamos la carencia de evaluaciones y comunicación acertada de riesgo en el uso de plaguicidas; la inexistencia de una norma que establezca límites máximos permisibles de residuos de plaguicidas en alimentos; y demandamos la existencia de mecanismos efectivos de participación para impugnar el otorgamiento de registros de plaguicidas o solicitar su cancelación”, resaltó María Colín, asesora legal de Greenpeace México.
Fernando Bejarano director de la RAPAM enfatizó que se requiere una reforma a fondo del marco regulatorio en la gestión de plaguicidas para que se respeten plenamente los derechos humanos y se prevenga la exposición de agrotóxicos que puedan provocar daños graves a la salud y al ambiente.
“En Greenpeace México trabajamos para lograr una agricultura ecológica que provea comida sana y mantenga la tierra libre de tóxicos. La política agroalimentaria en nuestro país se basa en un modelo dependiente del uso excesivo de plaguicidas insostenible, por lo que es urgente transitar a una agricultura ecológica”, insistió la agrupación ambientalista.
