Con siete días de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que la seguridad es prioritaria y para ello, posiblemente se mantendrán operativos en regiones con altos índices de violencia, pero la estrategia se concentrará en la atención a “la seguridad de los ciudadanos desde el territorio —a través de 266 coordinaciones— y con un mando único” integrado por las secretarías de la Defensa Nacional de Marina, de Seguridad Pública y la procuración general de justicia.
Al precisar que se pierden de 50 a 70 mil millones de pesos al año por robo de combustible, el primer mandatario insistió en la necesidad de clasificar como delito grave al “huachicoleo” por lo que, quienes perforen, distribuyen y vendan gasolina o diésel robado “no tendrán derecho a fianza”.
“Es muchísimo lo que pierde la hacienda pública, es dinero de todos los mexicanos”, resaltó López Obrador al aclarar que no solo se trata de endurecer las leyes sino de dar opciones: trabajo y bienestar.
En Guanajuato el robo de combustibles dejó un saldo sangriento estos días, por lo que la próxima semana, el Gobierno de México presentará un plan contra el “huachicoleo”.
En la última semana de diciembre, como marca la ley, se reunirá el Consejo Nacional de Seguridad Pública, confirmó López Obrador al resaltar que “ahora, la seguridad es responsabilidad del presidente, directa; y estoy asumiéndola para garantizar paz y tranquilidad”.
El presidente de México también apeló a la mejora de las policías municipales; en su opinión, solo Yucatán y Ciudad de México actúan con efectividad; asimismo, dijo que se mantiene la Plataforma México, pero se debe mejorar, pues sus equipos y estrategias están obsoletos, consideró.
El esquema de recompensas y programa de testigos protegidos se mantendrá en la nueva administración, aunque en el caso de los montos, solo en la búsqueda de los normalistas rurales de Ayotzinapa no aplicará la austeridad republicana.
“Todo lo que tiene que ver con la justicia para conocer la verdad de Ayotzinapa habrá protección de testigos; es un plan independiente de la austeridad. Si se requieren recompensas, eso lo decidirá la comisión y es parte del propósito de que haya justicia, que se conozca realmente el paradero de los jóvenes y se castigue a los responsables”, enfatizó el primer mandatario.
López Obrador repudió que gran parte de los recursos públicos estén destinados a “mantener al gobierno”; al quejarse del “derroche” y los de altos salarios de la burocracia en organismos públicos, el jefe del Ejecutivo reprochó que los salarios alcancen hasta los 300 mil pesos en institutos como el de Transparencia, el de Evaluación para la Educación o los órganos reguladores del sector energético.
“¿Qué hicieron todo este tiempo? Agrandaron el Gobierno, instituciones para todos, comisiones, supuestamente órganos autónomos con muy buenos sueldos para los funcionarios públicos y mucho derroche, les voy a dar dos casos: el de la transparencia, cuesta mil millones de pesos mantener ese organismo, ¿si creo y en qué ha contribuido para reducir la corrupción? Al contrario, la corrupción creció como nunca, a la par con sueldos del instituto de la transparencia hasta de 300 mil pesos mensuales”, recriminó el presidente López Obrador.
“Otro, instituto, el de la evaluación educativa, mil 500 millones de pesos, lo mismo, los altos funcionarios bien atendidos, bien servidos, en el caso del sector energético órganos reguladores como hongos después de la lluvia surgieron, aparecieron, organismos reguladores para el gas, para la electricidad, para el petróleo, los sueldos también de 300 mil pesos”, agregó.
“Como hongos después de la lluvia aparecieron organismos reguladores para la energía, gas, o petróleo, con sueldos por arriba de los 300 mil pesos. Con la reforma energética, estos funcionarios si comenten un delito hasta se les debe pagar la fianza con recursos públicos, es increíble. Todo esto se debe terminar”, sentenció el presidente de la República, López Obrador antes de salir con rumbo a Sinaloa donde se reunirá con damnificados de la pasada temporada de lluvias.
Aún así, López Obrador aclaró que no desaparecerá el Instituto Nacional de Transparencia, pero no definió el destino del INEE y de los organismos reguladores del sector energético.
