Organizaciones y colectivos de la sociedad civil (OSC), activistas, académicos y personalidades salieron este día para mostrar su rechazo a dos proyectos de Andrés Manuel López Obrador que son clave para el Gobierno que inicia este 1 de diciembre: el Tren Maya y la Guardia Nacional.
Los opositores a ambos proyectos alegan que aún es tiempo para que la próxima administración opte por un plan ecológicamente sano para el Tren, y una vía civil para la Guardia Nacional en vez de entregar a los militares la seguridad pública de manera oficial.
Se trata de organizaciones civiles que se enfrentaron tanto a Felipe Calderón Hinojosa como a Enrique Peña Nieto por su modelo de seguridad, que delegó a las Fuerzas Armadas las tareas de seguridad, con un alto costo en derechos humanos. Más de 200 mil personas han sido asesinadas; cerca de 40 mil están desaparecidas y decenas de miles han sido desplazadas por el estallido de violencia que el Ejército no pudo contener, aún cuando tuvo mano para hacerlo. Ahora, López Obrador quiere que los militares mantengan en sus manos la estrategia de seguridad.
PIDEN CANCELAR CONSULTA
En el caso del Tren Maya, esta mañana se dio a conocer una carta en la que académicos, artistas, actores, cineastas y organizaciones llamaron a cancelar la consulta sobre el Tren Maya y a no iniciar el proyecto, pues dijeron que éste no se debe emprender sin un estudio amplio de los impactos ecológicos, culturales y al patrimonio arqueológico.
“Queremos expresar a usted nuestras preocupaciones, y hacerle la petición expresa de no hacer por lo pronto consulta alguna respecto de ambos proyectos, y menos aún iniciar las obras, por las siguientes razones: Como usted sabe, de treinta años a la fecha México, país reconocido por estar en el grupo de los doce países mega diversos que hay en el mundo, y entre los que ocupa el cuarto lugar, ha perdido selvas, manglares y bosques de manera alarmante”, se lee en el documento.
Alerta también que “es un hecho que el agua, un bien indispensable para la vida, es un recurso limitado que depende en buena medida de la salud de bosques y selvas”.
Los firmantes, entre los que están investigadores como Sergio Aguayo y organizaciones como Greenpeace, dijeron que “hoy la biodiversidad y el agua son los más importantes recursos con los que puede contar una nación. Su degradación pone en grave riesgo la sustentabilidad ecológica del territorio mexicano”.
“Por ello los sitios de alta biodiversidad deben preservarse bajo los más estrictos estándares internacionales y reconociendo los saberes de los pueblos originarios quienes han sido garantes de sus territorios y depositarios de la riqueza natural y cultural de nuestro país”, dijeron.
La misiva detalla que el proyecto del Tren Maya y el del Corredor Comercial y Ferroviario del Istmo de Tehuantepec preocupan al tener características similares a las de otros megaproyectos como los promovidos dentro del Plan Puebla Panamá localizados justamente en los frágiles ecosistemas del trópico mesoamericano y mexicano para ofrecer “progreso y desarrollo”.
“Este tipo de macroproyectos han sido fuertemente rechazados por su carácter esencialmente mercantil, por el daño ecológico que ocasionan y los conflictos sociales que generan”, indica.
“Luego de todo el desastre ecológico de décadas pasadas en aras del “desarrollo” (ganadería extensiva, industria petrolera, minería, carreteras, etc.) no se puede emprender un proyecto de esta naturaleza sin un estudio amplio de los impactos ecológicos, culturales y al patrimonio arqueológico, del que según evidencias, hay vestigios importantes para el patrimonio histórico y cultural del país cubiertos por selva, de la misma importancia de lo que está a la vista”, añade.
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Los investigadores y organizaciones le recordaron al Presidente electo que “venimos de treinta años de regímenes que han impuesto megaproyectos en el país sin haber realizado los estudios necesarios con la seriedad que cada caso amerita”.
Esos megaproyectos, dijeron, han traído graves consecuencias para la sustentabilidad ecológica de México y la concordia entre los mexicanos. +
“Hoy el país está devastado; su patrimonio biocultural ha sido seriamente degradado. Por estas razones, entre otras muchas, millones de mexicanos acudieron a las urnas decididos a cambiar este estado de cosas y a construir junto con usted un país de leyes, más justo, en el que las personas y por tanto el medio ambiente, sean ejes fundamentales de la vida del país”, le dijeron.
Por ello, llamaron a aprender del la historia, a no cometer los mismos errores, y le ofrecieron sus conocimientos para explorar otros caminos para el desarrollo armónico del país.
“Hay muchos caminos para lograr la justicia social y un desarrollo armónico con la naturaleza. México puede ser pionero en propuestas creativas que cumplan con estos dos requisitos indispensables. Le ofrecemos a usted nuestros conocimientos y trabajo para explorar esos caminos, y lograr por consenso proyectos que realmente transformen a México y sean un ejemplo para el mundo”, finaliza la misiva.
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RECHAZAN MILITARIZACIÓN
En un comunicado, decenas de organizaciones y activistas se pronunciaron en contra de la creación de la Guardia Nacional, anunciada en días pasados por el Presidente electo.
“Rechazamos la propuesta de crear una Guardia Nacional militarizada con rango Constitucional porque significa una falsa salida a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país”, dijeron colectivos como #SeguridadSinGuerra y #FiscalíaQueSirva, así como organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Observatorio Nacional Ciudadano, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). El comunicado es firmado por un total de 544 organizaciones y activistas.
Este martes, la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentará ante la Cámara de Diputados reformas a tres artículos de la Constitución para dar paso a la creación de la Guardia Nacional.
Por ello, los colectivos y organizaciones alertaron que “la gravedad de la propuesta militarista no puede exagerarse, pues la preeminencia que se pretende otorgar a las Fuerzas Armadas no contará con contrapesos reales en la frágil institucionalidad que hoy caracteriza al país”.
El documento detalla que durante muchos años, López Obrador y su equipo manifestaron públicamente que las Fuerzas Armadas no debían cumplir funciones de seguridad pública y que la creciente militarización no había dado ni daría resultados.
“Es muy pronto para olvidar” esas declaraciones, dijeron y recordaron que también dijeron que se debía incrementar el estado de fuerza de la Policía Federal y fortalecer el desarrollo policial a nivel local.
“Dichos señalamientos y promesas tenían, y tienen, un sustento empírico y político. Sustento empírico, porque, al menos en nuestro país, está acreditado que el despliegue militar no resuelve dinámicas delictivas complejas que responden a factores socioeconómicos y criminógenos que deben atenderse mediante acciones de prevención focalizadas y capacidades de investigación propias de instituciones policiales, tanto a nivel federal como local”, indicaron.
“Sustento político, porque nuestro sistema republicano y democrático exige el predominio de la esfera civil sobre la esfera militar”, añadieron.
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Las organizaciones coincidieron en que obviando sus promesas e ignorando las alertas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de organismos internacionales, “el Presidente electo y su equipo decidieron optar por una militarización como nunca ha conocido el país en su historia moderna”.
El anuncio, recordaron, se dio justo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la Ley de Seguridad Interior.
“En efecto, la propuesta de crear una Guardia Nacional bajo el mando directo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de otorgar la totalidad de los mandos operativos locales a miembros de las Fuerzas Armadas, va más allá de los estipulado en dicha Ley, y la intención de elevar este esquema a rango constitucional confirma el propósito de proteger dicha decisión de cualquier posible invalidación, incluida la que ya emitió el más alto tribunal del país respecto a una normatividad menos radical que la que hoy se pretende imponer”, alertaron.
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Las organizaciones consideraron que con la Policía Federa puede haber una opción civil para atender la violencia en el país, pues aunque, dijeron, “ciertamente fue abandonada durante los últimos años, se mantienen capacidades de investigación, tecnológicas y operativas que permiten contemplar una opción civil para la atención de delitos de alto impacto”.
“Es viable considerar un proyecto de rescate de la Policía Federal para de ahí conformar un cuerpo nacional de policía, bajo un mando civil y sujeto a las leyes civiles. Por lo tanto, no es verdad que el país no tenga opciones. Sí las hay, pero deben estudiarse y considerarse sin prejuicios, sin etiquetas, y al margen de proyectos políticos personales”, dijeron.
“Es claro que esta radical redistribución de poder tendrá consecuencias políticas profundas. Los mandos militares serán, inevitablemente, actores políticos de primer orden, trastocando eventualmente el pacto federal y absorbiendo atribuciones que, hasta hoy, han correspondido a las autoridades civiles. En suma, la primacía militar que pretende el nuevo gobierno no sólo hace caso omiso de las consideraciones recién emitidas por los ministros de la Suprema Corte, sino que romperá los equilibrios políticos entre civiles y militares que han prevalecido en México durante las últimas décadas”, añadieron.
Por ello, hicieron un llamado enérgico y urgente al Presidente electo “para detener la reforma constitucional anunciada, y optar en cambio por el desarrollo y fortalecimiento de nuestras instituciones civiles de seguridad. Aún es tiempo”.
