El próximo miércoles 7 de noviembre, México se someterá al escrutinio internacional en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos que se llevará a cabo en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, en el que se espera que el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto y el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador asuman su compromiso ante los estados miembros del organismo multilateral y ante los mexicanos.
El Consejo de Derechos Humanos, máximo órgano de la ONU que vela por la defensa y promoción de los derechos humanos, cuenta con el Examen Periódico Universal (EPU), el único mecanismo en el que se revisa la situación y los avances en la materia de los 193 estados miembros cada 5 años.
Para la sesión se presentan tres informes, uno realizado por el gobierno, otro por la ONU y otro por la sociedad civil.
En esta ocasión el informe del gobierno, al que tuvo acceso Proceso, más que un informe es un listado de las reformas adoptadas entre 2012 y 2017 en materia laboral, educativa, hacendaria y social, de transparencia y acceso a la información, energética, financiera, de competencia económica, “cuyo propósito es impulsar el desarrollo económico y social para la plena realización de los derechos humanos”.
El informe enumera un gran número de programas, comisiones e iniciativas, pero no ofrece datos tangibles sobre los avances o la falta de los mismos.
Llama la atención la numerosa delegación que enviará el gobierno de Peña Nieto a Ginebra, una de las ciudades más caras de Europa, para defender el récord de derechos humanos de México.
Según confirmó a Proceso el portavoz del Consejo de Derechos Humanos, Rolando Gómez, la comitiva que vendrá al EPU está integrada por un total de 35 personas, cifra que pudiera cambiar en el último momento, más la embajadora de México ante la ONU, Socorro Flores Liera, y el embajador alterno Raúl Heredia Acosta.
Se espera, pues, que la numerosa delegación ofrezca en la sesión del EPU cifras y datos específicos con respecto a temas como tortura, desapariciones, libertades fundamentales y derecho a participar en la vida pública y política, prohibición de formas de esclavitud, condiciones satisfactorias de trabajo, sobre seguridad social y nivel de vida adecuado, derecho a la salud, erradicación de la pobreza, situación de la niñez, derecho a la alimentación, educación, aborto, feminicidios, migrantes, discapacitados y pueblos indígenas, que no aparecen en el informe.
El portavoz del Consejo de Derechos Humanos resaltó que la delegación mexicana estará liderada por Miguel Ruíz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En representación de Andrés Manuel López Obrador asistirá Roberto Velasco Álvarez, asesor del Equipo de Transición.
Y cabe señalar que 23 representantes del gobierno participarán el 9 de noviembre en la revisión del informe de México por el Comité de Desaparición Forzada, también liderados por Ruiz Cabañas, pero lo que no es claro es si muchos de ellos se quedarán en la Ciudad de Calvino, harán dos viajes o se quedarán por tierras europeas.
A la cita del Comité de Desaparición Forzada también asistirá Roberto Velasco, del equipo de transición de López Obrador.
En las últimas sesiones de México en Comités de la ONU, miembros de la sociedad civil han criticado el número de participantes que envía el gobierno de EPN, lo que contrasta con la poca información sustancial que ofrecen a los expertos de la ONU cuando son cuestionados. En más de una ocasión, miembros de los comités se han quejado por la falta de datos desglosados y la evasión de ciertos temas delicados como tortura y desaparición forzada.
El gobierno de EPN presume avances y la ONU lo confronta
Entre los principales avances normativos e institucionales, Los Pinos destaca en el informe que presentó para el EPU la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (2016) ; la Reforma a la Ley General de Víctimas (2017); la Reforma Laboral (2017); la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura (2017), y la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (2017).
Asimismo defiende la Ley de Seguridad Interior (2017) que “regula y dota de certeza jurídica la actuación de las Fuerzas Armadas Mexicanas durante amenazas a la seguridad que rebasan las capacidades de las autoridades locales’’, actualmente bajo revisión judicial.
De igual forma, enumera diversos programas nacionales y comisiones de todo tipo en materia de derechos humanos y desarrollo.
Si bien la ONU reconoce por su parte los avances en materia legislativa, señala que en su mayoría las leyes mencionadas no han sido aplicadas, financiadas, ni implementadas a plenitud.
Con respecto a la administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, y estado de derecho, la ONU subraya en su informe que, si bien acogió con beneplácito la reforma del Código de Justicia Militar de 2014, el Comité contra la Desaparición Forzada observó con preocupación que el mencionado código aún conservaba la jurisdicción militar en relación con los delitos del orden común o federal, incluidas las desapariciones forzadas, que fuesen cometidas por un militar contra otro militar.
El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos señaló que cerca de 98% de los delitos cometidos en México quedaban sin resolver.
Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada y otros comités saludaron la adopción de la Ley General de Víctimas en 2013 y la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas. Sin embargo, el Comité de la ONU “expresó preocupación por que la Ley todavía no se hubiera implementado plenamente”. El Comité sobre los Trabajadores Migratorios expresó preocupaciones similares.
Por otra parte, el ACNUR recomendó a México que asegurara el acceso de los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados a la justicia reforzando la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes en el seno de la Procuraduría General y las fiscalías estatales especializadas en delitos cometidos en contra de migrantes, “cuestión que no se ha concretado”.
La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) señaló los progresos realizados en el sistema judicial de México, entre ellos un protocolo sobre la inclusión de una perspectiva de género en las sentencias y resoluciones para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia.
Sin embargo, observó “que los estereotipos de género perduraban en la interpretación del derecho por los jueces, y las desigualdades de género no se tenían plenamente en cuenta en los procedimientos judiciales’’.
El relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias recomendó que se aprobara legislación secundaria para que la Procuraduría General de la República (PGR) fuera completamente independiente del poder ejecutivo.
Además, el ACNUDH alentó a México a crear una institución nacional autónoma de servicios periciales y forenses einstó a México a crear una Fiscalía General de la República eficaz e independiente.
El relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales lamentó el insuficiente avance realizado en relación con la independencia de la defensoría pública a nivel federal y en todos los estados.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó a México que adoptara las medidas necesarias para garantizar que dichos derechos fueran exigibles en todos los niveles del sistema judicial, pero admitió su preocupación por los altos niveles de corrupción e impunidad.
Por otra parte, el informe del gobierno sostiene que, desde su creación, el Mecanismo para Protección a Defensores y Periodistas ha beneficiado a 948 de ellos. Actualmente protege a 697 personas, de las cuales 396 son defensores de derechos humanos y 301 periodistas. Desde 2012 hasta junio 2018, el mecanismo recibió 695 solicitudes de incorporación, de las cuales 584 fueron admitidas.
No obstante, tanto la ONU como la sociedad civil reclaman la insuficiencia e ineficacia del mecanismo, los bajos recursos de que dispone y que el gobierno no incluye ningún caso en donde se haya dictado sentencia a alguien por asesinato a periodistas o defensores.
El informe de la ONU sostiene que el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión señaló que las agresiones generalizadas a periodistas y al periodismo “constituían la más inmediata y mayor amenaza a la libertad de expresión en México”.
Observó también que los medios de comunicación despedían a periodistas críticos a petición de las autoridades y que no había pluralidad en la propiedad y las líneas editoriales de los medios de comunicación.
Tanto el Comité contra la Desaparición Forzada, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y el Relator Especial sobre la libertad de opinión y de expresión instaron a México a redoblar los esfuerzos realizados para proteger a los periodistas.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también recomendó a México que asegurara el funcionamiento efectivo del mecanismo nacional de protección, entre otros medios, mediante la revisión y el mejoramiento de las actuales estrategias de protección y la asignación de recursos humanos, financieros y técnicos adecuados.
Lo que espera la CIDH del EPU de México
“La CIDH espera que puedan ser sistematizados los grandes temas estructurales pendientes en materia de derechos humanos para México. El más grave de ellos se vincula al asunto de las desapariciones o desapariciones forzadas’’, dijo a Proceso Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Recordó que la CIDH sostuvo una reunión con el grupo de transición del nuevo gobierno, el cual expresó su disposición a desarrollar “un gran proyecto de cooperación con México y su nuevo gobierno para desaparición y seguimiento de recomendaciones internacionales’’.
“Esperamos la toma de posesión (de AMLO) para discutir sus términos con la nueva administración’’, agregó Abrao.
El reclamo de la sociedad civil
Por su parte, José Antonio Guevara, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias y director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, al ser consultado por Proceso dijo que espera que en el EPU de México “los países hagan recomendaciones acordes a la gravedad de la situación crítica de derechos humanos y que sirvan principalmente para hacer frente a la impunidad de los crímenes atroces que se han cometido tanto por funcionarios públicos como por particulares’’.
Con respecto al informe presentado por el gobierno de EPN, Guevara consideró que es “muy poco honesto, el informe no refleja la situación de crisis que vivimos en materia de graves violaciones a derechos humanos”.
Finalmente, en cuanto a las recomendaciones que harán los estados luego de analizar la grave situación por la que atraviesa el país en esta materia, manifestó su deseo de que se presione al gobierno principalmente en materia de impunidad.
“Ojalá que los países comprometidos con los derechos humanos recomienden a México el establecimiento de un mecanismo internacional para hacer frente a la impunidad y una comisión nacional de la verdad’’, concluyó el experto mexicano.
