Más de 77 mil locatarios de los 299 mercados públicos de la Ciudad de México rechazaron la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que pretende privatizar esos espacios de comercio y cederlos a las trasnacionales como Walmart, Soriana y otras tiendas de conveniencia.
Los dueños de locales distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México también anunciaron una movilización para este lunes frente al Congreso Local para exigir respeto a los acuerdos alcanzados con la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos en busca de una Ley consensuada con el sector y dieron a conocer que, de no ser escuchados, cerrarán estos centros de distribución de alimentos en los próximos días.
En conferencia de prensa, los comerciantes exigieron al partido mayoritario en el Congreso de la Ciudad de México, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ser congruentes y escuchar todas las voces de la sociedad antes de aprobar leyes como es el caso de la iniciativa de Ley de Regulación y Fomento de Mercados Públicos y Tianguis Populares de la Ciudad de México, presentada por grupo parlamentario del PRI a través del legislador, Armando Tonatiuh González Case.
Los comerciantes, miembros de diversas organizaciones de mercados con presencia en la Ciudad de México, exigieron: mantener a los mercados como públicos a través de una Ley pero que esté sustentada en el Reglamento de Mercados Públicos ya existente.
Zuleika Castellanos, Miguel Ángel Nacar, Edgar Álvarez, José García, Víctor Ríos, Héctor León y Édgar Mendieta, expusieron que el riesgo de avalar una iniciativa de esta naturaleza como la que plantea el PRI, acabaría con el sustento de más de 77 mil familias de comerciantes y cedería todos los espacios de comercio a las trasnacionales como Walmart, Soriana, y otras tiendas de conveniencia.
Los comerciantes exigieron mantener a los mercados como públicos a través de una Ley pero que esté sustentada en el Reglamento de Mercados Públicos ya existente.
Castellanos dio a conocer que es una obligación constitucional del Estado garantizar el servicio público de los mercados por lo que no se aceptarán los conceptos de: concesión y autoadministración.
Este lunes, una comisión de liderazgos de mercados públicos acudirán a las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México para hacer valer su derecho de audiencia y que el presidente de la Comisión de Abasto y Alimentación, Ernesto Alarcón, cumpla su palabra de oír a este sector de la economía social al igual que lo habría con organismos empresariales de mayor poder político como el CCE, Concanaco y otros.
Miguel Ángel Nacar, presidente de la Unión de Locatarios y Comerciantes de Mercados Públicos de la Ciudad de México, destacó la importancia del sector por ser “patrimonio cultural intangible” de la Ciudad de México y “por garantizar empleo a miles de familias y acercar alimentos a bajo costo a millones de capitalinos”.
Édgar Álvarez, líder del Frente de Comerciante Colaboradores del Servicio Público y Conexos de la República Mexicana A.C., insistió en que lo que se debe convertir en ley es el Reglamento de Mercados Públicos como ya sucede en otras partes de la República Mexicana.
Para Víctor Ríos, de la Coordinadora Democrática de Mercados Públicos, la iniciativa es “violatoria de otras leyes y reglamentos con que se rigen los mercados como la civil, la mercantil y la hacendaria de tal suerte que sería un peligro validar tal iniciativa”.
Comerciantes independientes y públicos de diversas organizaciones de la Ciudad de México manifestaron rotundo rechazo a la iniciativa de ley impulsada por el Grupo Parlamentario del PRI que implica para ellos la privatización de los mercados.
Desde la perspectiva de José García, Presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Similares y Conexos de la República Mexicana A.C., es inadmisible que la iniciativa de ley pretenda la privatización de mercados cuando los comerciantes están exigiendo que no se permita la instalación de ambulantes o centros comerciales sino hasta librar una distancia superior a los mil 500 metros a la redonda.
En su oportunidad, Héctor León aseguró que el impacto de una ley de esta naturaleza iría directamente a más de 75 mil familias que viven de esta actividad en los 299 mercados públicos que existen en la Ciudad de México lo que a su vez generaría efecto dominó entre proveedores y consumidores.
