Es ya sabido que en las elecciones presidenciales de 2018, la organización política llamada “Morena” obtuvo 30,113,483 votos para quien será presidente de este país. Ese movimiento proclama que nunca en la vida de México se habían obtenido tantos votos para un candidato, sin advertir que en este año la población del país es también la más alta en su historia (recuérdese que, en 1958, cuando ganó López Mateos, el total de habitantes de México era de sólo 31 millones de habitantes).
Fue ciertamente un número mayor de votos obtenidos sobre los demás competidores, pero las cifras relativas nos demuestran que esos 30 millones, representan el 53.2% de quienes acudieron a votar, pero sólo un tercio de todo el padrón electoral que es era de 89.8 millones de personas. En términos de la población de México, que es de 123,159,428 de habitantes, la cifra se reduce a un 24.45%. Lo que en síntesis significa que menos de una cuarta de la población le da el mando sobre el restante 75.55 por ciento.
Son cosas de la democracia en México. En otras naciones no basta con el 30% del padrón: la votación debe ser más contundente, de por lo menos 50% y por ello se recurre a la segunda vuelta, algo que los políticos en nuestro país han rechazado sistemáticamente.
La elección presidencial da poderes sin límite (absolutos) a quien sea presidente de la República, siempre y cuando cuente también con una mayoría en el congreso federal y con mayoría en los congresos de los estados. Por eso el presidente electo empezó, desde el 2 de julio, a anunciar medidas que tomará para gobernar de manera absoluta, como modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a un gusto personal.
Como está visto, un día sí y otro también, el fututo ocupante del suntuoso Palacio de los Virreyes, proclama el reparto del dinero público (sin saber si hay suficiencia presupuestal) a programas sociales principalmente, es decir, a reparto del erario sin recuperación alguna para las finanzas nacionales. También avisa que hará “inversiones” en proyectos que se ha demostrado no son productivos, como nuevas refinerías (incosteables para la industria petrolera mexicana); como el “tren maya”, que no cuenta con estudios de factibilidad técnica, financiera, social y económica; o decisiones absurdas como sacar de la capital a la mayor parte de las secretarías del gabinete; o como eliminar al 70% de los trabajadores de confianza del gobierno federal. O como la ocurrente decisión de reducir a la mitad el sueldo del presidente y con ello arrastrar a todos los servidores públicos de mandos superiores y medios. O suspender un gran aeropuerto por pura venganza y antipatía personal con una farsa de consulta popular.
Está bien que el más alto burócrata del país pueda vivir con una cantidad modesta de salario, pero está mal que con ello arrastre a millares de funcionarios que han comprometido su vida y gastos familiares a su trabajo, y su futura retribución sea una injustificada reducción de sueldos.
Pero nos enfrentamos a lo que un intérprete de Baruch Spinoza (o Benito Espinosa) aviva, y que es posible comparar a un presidente de México con un emperador o monarca absoluto: “El gran peligro del régimen monárquico es deslizarse hacia la tiranía…destruyendo así la paz y la libertad de los ciudadanos. Decaer en la monarquía absoluta, arquetipo de las formas políticas del siglo XVII. Conjurar racionalmente ese peligro, simbolizado en la jactancia de un solo hombre que encarna las supremas potestades.” (Fernando López Laso, Sobre las causas de la sociabilidad humana según Espinosa, Catoblepas180, 2017). Y el mismo autor cita: “El capítulo VI (de Tratado Político, de Spinoza) comienza así sosteniendo que, como los hombres se guían más por el afecto que por la razón, la multitud…quiere ser conducida como por una sola mente por una esperanza o un miedo común, o por el deseo de vengar”. Vale la interrogante ¿Vamos hacia una tiranía?
