Durante el pasado periodo electoral, 62 candidatas a diferentes cargos de elección popular fueron agredidas a través de redes sociales, desde celulares, tabletas o computadoras, de acuerdo con un informe presentado por Luchadoras Mx.
El informe Violencia Política a través de las Tecnologías contra las Mujeres indica que, en total, las autoridades mexicanas registraron 85 agresiones asociadas a las tecnologías contra candidatas en 24 estados del país.
La Ciudad de México y Puebla fueron los estados en que se reportaron más agresiones contra candidatas (9), seguidos de Aguascalientes y Querétaro (5), así como Chiapas y Oaxaca (3).
Estos datos, “permiten asegurar que la violencia contra mujeres candidatas a través de las tecnologías tiene alcance nacional”, señala el informe.
Sin embargo, Luchadoras Mx estima que hay un amplio número de casos que no se registran, debido a que hay una “normalización y falta de sensibilización sobre la gravedad de esta forma de violencia, así como a la falta de mecanismos existentes para su atención, tanto al interior de los partidos políticos o en instituciones públicas”.
Patricia Azcagorta, excandidata a presidenta municipal en Sonora por el partido Movimiento Ciudadano, fue una de las víctimas de agresiones a través de las tecnologías.
El día que se registró como candidata, circuló en redes sociales un video en el que se observa a una mujer bailando en ropa interior la canción del “Movimiento naranja”.
El video fue distribuido con fotografías y mensajes que señalaban a Azcagorta como la protagonista. Más tarde surgió el hashtag con el que se le denominó #LadyMovimientoNaranja.
La candidata y su equipo señalaron la falsedad del video; sin embargo, este dañó la imagen de la aspirante, ya que en internet y en medios de comunicación se difundió el material y se reprodujo su imagen sexualizada.
La mayoría de las candidatas que fueron agredidas buscaban convertirse en alcaldesas (30%), diputadas locales (29%), diputadas federales (18%), senadoras (8%) o gobernadoras (5%). El 10% de las mujeres que señalaron haber sido víctimas de violencia a través de tecnologías no informaron el cargo por el que contendieron.
El principal tipo de violencia que vivieron fue ser sujetas de expresiones discriminatorias (41%), amenazas (20%), desprestigio (16%), suplantación o robo de identidad (7%) y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (2%).
También fueron víctimas de acoso (2%), extorsión (2%), difusión de información personal sin consentimiento (1%), así como monitoreo y acecho (1%). En el 8% de los casos se desconoce el tipo de violencia reportada.
De acuerdo con el informe, las agresiones contra las candidatas fueron cometidas a través de WhatsApp (29%), llamadas telefónicas (30%), medios (17%), televisión (8%), mensajes de texto (8%), ruedas de prensa (4%) y fotografías (4%).
Facebook fue la red social más utilizada para agredir a candidatas (52%), seguida de Twitter (39%), YouTube (6%) e Instagram (3%).
La mayoría las agresiones realizadas en redes sociales, fueron amenazas, desprestigio, suplantación de identidad y expresiones discriminatorias.
Acerca de los agresores, el informe explica que se trató de usuarios de redes sociales (36%), integrantes de partidos políticos (15%), medios de comunicación (7%), periodistas (3%), partidos políticos (2%), supuestos miembros del crimen organizado (2%), funcionarios públicos (1%) y ciudadanos (1%). En el 33% de los casos no se pudo identificar.
Agresiones “sofisticadas”
A través del estudio de casos, Luchadoras Mx identificó que algunas de las candidatas fueron víctimas de una “cadena de agresiones”, es decir, cuatro situaciones entrelazadas que complejizan y profundizan el daño hacia las mujeres que son atacadas.
La cadena de agresión comienza con el “doxxeo”, es decir, la investigación y obtención de información personal sobre una candidata; luego, la información es manipulada con fotomontajes, videos o textos.
La información tergiversada es puesta en circulación en el espacio digital, con el fin de generar desprestigio, lo que a su vez, resulta en la recepción de insultos o agresiones contra la candidata por parte de usuarios de redes sociales.
Una de las mujeres víctimas de esta forma “sofisticada” de agresión fue la candidata a la alcaldía de Coyoacán por la coalición Juntos Haremos Historia, María Rojo, quien recibió amenazas de muerte, ataques a su propiedad y acusaciones de “asesina” durante la campaña electoral.
María Rojo fue blanco de una campaña de movilización en Twitter bajo el hashtag #DefraudoComoRojo, que estuvo orquestada por diversas cuentas que publicaron chistes y agresiones contra la candidata.
El análisis de Luchadoras Mx revela que el 62% de las agresiones registradas tuvieron una razón de género, es decir, en la forma que fueron perpetradas estuvieron impresos patrones de “violencia machista” cometida contra una mujer por el hecho de serlo.
Los cinco patrones relevantes de agresiones por razón de género fueron el juicio de carácter sexual (29%), objetualización sexual (25%), agresiones contra la familia (18%), roles de género (16%) y apariencia (5%). En el 5% de los casos no se trató de otro tipo de violencias.
A pesar de que el proceso electoral 2017-2018 fue histórico en México en términos de igualdad de género, Luchadoras Mx señala que en internet se reprodujeron conversaciones machistas agresivas contra las candidatas, pues “este espacio fue principalmente arena de expresiones discriminatorias, campañas de desprestigio y amenazas”.
“La violencia digital contra las mujeres es una manifestación de la violencia histórica cometida a través de nuevos medios tecnológicos. Esta forma de violencia contribuyó a generar un entorno hostil para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de las candidatas en contienda”, indica el estudio.
Para Luchadoras Mx, es imprescindible que los órganos electorales locales tengan en cuenta la gravedad de la violencia política cometida a través de tecnologías contra las mujeres, y que la consideren un ámbito de competencia.
Por ello, concluye, “es urgente que existan estructuras y recursos de apoyo al interior de los partidos políticos, además de las redes informales de solidaridad entre mujeres”.
