El académico Enrique Cárdenas Sánchez aseguró que existen evidencias de que los grupos armados que vandalizaron casillas y dispararon contra la población en las elecciones del 1 de julio en esta entidad fueron parte de un operativo de Estado.
Entrevistado tras acudir al Congreso local, el representante de la organización “Sumamos” reveló que un grupo de académicos elabora una amicus curiae para entregarla al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de que los magistrados tengan elementos en su decisión de anular la elección para gobernador de Puebla.
Explicó que éste es un informe escrito que puede presentar un tercero en un juicio para defender un punto de trascendencia general y se aportaría como parte del recurso que interpuso el periodista Sergio Mastretta ante el TEPJF en el que pide la anulación de las elecciones debido a la violencia generalizada que se desató el día de las votaciones.
El también exrector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y quien en un principio fue precandidato de Morena a la gubernatura se pronunció porque el TEPJF anule la elección para gobernador en esta entidad porque de otra forma habría una “carta blanca” para que se vuelva a recurrir a este tipo de violencia para ganar cualquier elección en el país.
Como parte de esto, mencionó que elaboran un estudio en el que se aportan testimonios de los propios consejeros de la Junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) quienes aseguran que había un mecanismo que se estableció previo a las votaciones para reportar las anomalías que se pudieran presentar durante la jornada electoral, pero que ese 1 de julio nunca hubo respuesta.
Estos testimonios, que darán a conocer “muy pronto”, agregó, dan evidencia de que el Estado no fue ajeno al ataque de estos comandos armados que aterrorizaron a los funcionarios, representantes de partido y ciudadanos, incluso mujeres, ancianos y niños, que se encontraban en ese momento en las casillas.
El exrector de la UDLAP dijo que consejeros y funcionarios del INE refieren que ese día, al momento de los ataques, hicieron llamados a este mecanismo, así como a la policía y autoridades, pero fueron desoídos, y que nadie contestó el número de emergencias 911.
–¿Fue un operativo de Estado?, se le preguntó al académico
–“Yo creo que sí”, respondió sin dudar.
Cárdenas señaló que otra evidencia de esta participación del gobierno estatal, es el hecho de que, a dos meses y medio de estos hechos, no hay ningún indicio de que la Fiscalía General del estado lleve a cabo investigaciones para identificar a estos grupos armados, así como al responsable del operativo.
Cárdenas aseguró que esto se debe también a que, en Puebla, la Fiscalía no es un ente autónomo, sino que más bien responde a intereses del gobernador, y no necesariamente al actual, sino al anterior, al ahora senador Rafael Moreno Valle.
El representante de la organización ciudadana “Sumamos” pidió al Congreso local que llame a comparecer al encargado de despacho de la Fiscalía, Gilberto Higuera Bernal, para que rinda cuentas sobre los avances de las investigaciones relacionadas con las muertes que hubo en torno a los comicios y sobre la operación de los grupos armados.
“Si el Tribunal Electoral de la Federación no anula (la elección) sería como una carta blanca para que pueda haber vandalización de las elecciones cualquier día, si ustedes me preguntan si aceptaría ser funcionario de casilla en las próximas elecciones, respondería: ‘perdón pero no, porque no me siento protegido por nadie’, la verdad es que la gente se jugó allí la vida (en las casillas) y no es justo”, agregó.
Cuestionado sobre si le interesaría ser candidato a la gubernatura en caso de que haya una elección extraordinaria, el economista se limitó a contestar: “las condiciones han cambiado mucho, vamos a ver”.
La organización Sumamos presentó una serie de propuestas de reformas legislativas al Congreso local entre las que se encuentra una nueva reforma político-electoral que haga accesible el registro de candidaturas independientes, así como una segunda vuelta electoral.
También, propusieron eliminar cuotas partidistas en el nombramiento de los organismos autónomos como lo es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Electoral del Estado y el Tribunal Estatal del Estado.
Además, pidieron garantizar la autonomía del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, reestructurar la Fiscalía General, así como transparentar los Fideicomisos, las concesiones de contratos de obra y de privatización del agua, así como de la póliza de seguro contra desastres naturales que contrató el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Barbosa fundamenta seis agravios
Cabe recordar que el excandidato a la gubernatura Luis Miguel Barbosa y el partido Morena interpusieron el martes dos recursos para impugnar la elección a gobernador de Puebla ante el TEPJF.
El también exsenador informó que la demanda de anular los comicios se funda a partir de seis agravios generales en los cuales se argumentó “de manera exhaustiva” el indebido desechamiento de la ampliación de demanda por la supuesta violación de la cadena de custodia de los paquetes electorales.
“Con relación a ello, se precisó la violación irreparable al principio de certeza en el resultado de la elección”, explicó el excandidato en un comunicado.
De igual forma, agregó, “en este recurso de inconformidad se realiza un análisis de la indebida valoración de los hechos de violencia que se presentaron en la jornada electoral del 1º de julio en el estado, así como el robo de material electoral, además de poner en conocimiento la parcialidad en el desempeño de la función electoral”.
