El proceso de pacificación que planea ejecutar Andrés Manuel López Obrador empezará por federalizar la competencia de investigación de ocho crímenes que los gobiernos y fiscalías estatales han sido incapaces de atender. A través de una reforma constitucional, feminicidios, agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros delitos, serán investigados por el gobierno federal.

La intervención del gobierno federal es inminente y necesaria por una simple razón, señala Loretta Ortiz Ahif, coordinadora nacional de la consulta para la pacificación y reconciliación: “Si nos confiamos en las autoridades actuales locales no se va a resolver el problema”.

Ortiz Ahif encabezó ayer en el Centro Cultural y de Convenciones el Foro Escucha número 16, que concentró a algunos de los grupos que con mayor presión han denunciado la incompetencia de las autoridades estatales encargadas de generar seguridad y procurar justicia. Escuchó a Zoila Bengochea, la madre de Dafne Carreño, joven de 21 años asesinada en 2013, cuyo caso reveló una grave dilación en el proceso de sentencia del agresor, que tardó más de cuatro años. Escuchó también a los familiares de presos de la región Loxicha, de los maestros detenidos irregularmente acusados de secuestro, de las personas heridas y asesinadas por las policías federal y estatal en Nochixtlán, a la comisariada de Bienes Comunales de Tamazulapan del Espíritu Santo, que enfrenta un conflicto intercomunitario por el agua. Cada silencio del encuentro fue llenado por gritos en exigencia de justicia.

El diagnóstico inmediato que obtuvo la próxima encargada del área de Seguridad Humana por la Paz de la Secretaría de Seguridad Pública es que en el estado se vive una situación grave.
“En Oaxaca es una ausencia de la autoridad, así, con todas sus letras, ausencia de la autoridad, ni el gobierno local ni la Procuraduría del Estado, ni los presidentes municipales, en fin, los actores políticos por acción o por omisión no cumplen con su responsabilidad, por eso son esos reclamos, de justicia con gritos, pancartas, llantos, manifestaciones porque las personas, ya quedó manifiesto, algunas llevan 30 años, 20 años reclamando, es un clamor, lo que primero tenemos que atender es la justicia y a la par entrar con los procesos de paz”, explicó en conferencia de prensa tras la sesión plenaria con víctimas, organizaciones sociales.

Ortiz Ahif apuntó que para muchos de estos casos la inacción del gobierno ha sido un obstáculo y por ello el equipo de transición alista ya las herramientas de solución, como la mediación en casos de conflictos agrarios, y la amnistía para presos políticos.

Amnistía

La representante del equipo de transición señaló que casos de “profunda violencia” como los ocurridos en Chile tras la dictadura de Pinochet, en Colombia con los acuerdos de paz con las FARC, o aun en Sudáfrica al finalizar la segregación racial, la “justicia normal” no resuelve los problemas, por lo que es imprescindible ejecutar el proyecto de amnistía, que se ejecutará en cuatro etapas: justicia, verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición.

De la amnistía, señaló, quedarán excluidas personas sentenciadas por desaparición, trata de niñas niños y adolescentes, feminicidio, delitos contra periodistas, tortura, tráfico de migrantes.
“Nunca va a proceder la amnistía ni disminución de penas, no va a suceder lo que en el caso de Duarte, que milagrosamente tiene nueve años de prisión habiendo cometido una desaparición”.
Asimismo detalló que la iniciativa en materia de seguridad y derechos humanos de Andrés Manuel López Obrador estará lista el próximo 24 de octubre, cuando concluyan los 32 foros de pacificación. En este proyecto de ley se establecerá la modificación constitucional para federalizar la investigación de delitos contra periodistas, contra defensores de derechos humanos y feminicidios. “Se va a requerir una reforma constitucional, si seguimos descansando en las autoridades locales, las existentes, va a seguir existiendo la omisión, por qué en este caso sí va a funcionar, una sencilla razón, hay voluntad política para hacerlo”, expresó.

Despenalizar aborto

Asimismo la representante del equipo de transición señaló que se buscan alternativas para despenalizar el aborto a nivel federal y para sacar de prisión a quienes hayan sido condenadas por interrumpir su embarazo, aun y cuando éste haya sido causado por una violación.

“A raíz de la penalización del aborto muchas niñas fueron detenidas hasta 40 años de prisión por la realización de un aborto, también quiero buscar ahí una solución, todavía no encuentro porque como es un área de derecho común no sé cómo despenalizar el aborto en todo el territorio nacional, estoy buscando meterlo en uno de los amnistiables, a las mujeres que hayan abortado. No es justo que niñas o mujeres, que hayan realizado un aborto, que no debería estar penalizado, estén tras las rejas”, señaló.