Integrantes de la 63 Legislatura local reformaron la ley para ampliar la extinción de dominio a bienes relacionados con delitos de corrupción y ya no solo por actos relacionados a la delincuencia, con lo cual, funcionarios públicos que incurran en dicho delito podrían alcanzar una pena corporal de hasta 30 años de prisión.
En la última sesión ordinaria del Congreso del Estado, los diputados locales de las diversas fracciones parlamentarias, reformaron el Artículo 10 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Oaxaca para incorporar los bienes vinculados con enriquecimiento ilícito, peculado y cohecho.
Y es que la ley ya contemplaba la acción a bienes relacionados con secuestro, robo de vehículos, trata de personas, asociación delictuosa, delitos en materia de operaciones de recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, pero no en materia de corrupción.
Por lo cual, ahora servidores públicos en funciones y exfuncionarios que incurran en delitos de peculado o desvío de recursos públicos podrán alcanzar una pena de hasta 30 años de prisión y se enfrentarán al decomiso de bienes inmuebles.
La legislación define la extinción de dominio como la pérdida de los derechos sobre los bienes a favor del estado, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño cuando se acredite el hecho ilícito y no se logre probar la procedencia lícita de dichos bienes.
Los legisladores adicionaron al Código Penal del Estado para imponer de cinco a 15 años de prisión y de mil a 5 mil días de salario de multa, a quien cometa delitos en materia de lavado de activos y se duplica para el caso de funcionarios públicos en activo o exservidores públicos.
En caso de que la conducta sea cometida por servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos o ejecutar las sanciones, las penas se duplicarán y serán inhabilitados para ocupar cargos públicos por un tiempo igual.
Y la misma medida aplicará a los exservidores que hayan cometido esta conducta en los dos años posteriores a su terminación.
Bienes inmuebles: casas, terrenos, locales, fincas, así como vehículos, aviones, avionetas y cuentas bancarias podrán ser incautados por el gobierno del estado contra quienes incurran en estos delitos.
