El 26 de octubre de 2014, al cumplirse un mes de la detención y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, elementos de la Secretaría de Marina capturaron en Cuernavaca a un hombre llamado Emmanuel Alejandro Blas Patiño, al que siete horas después presentaron como fallecido por, supuestamente, caer de una azotea al intentar evadir el arresto.
Cuatro años después, la muerte de esta persona, a quien las autoridades presentaron (ya fallecido) como integrante de un grupo criminal vinculado con la desaparición de los normalistas, no sólo permanece sin resolver sino que, de hecho, ni siquiera existe una investigación al respecto, tal como informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
El asesinato de Emmanuel Alejandro Blas Patiño, presuntamente a manos de elementos de la Marina, fue dado a conocer en marzo pasado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en su “Informe sobre violaciones a derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, en el cual se concluye que este detenido “habría fallecido a raíz de las torturas inflingidas por elementos de la Secretaría de Marina, que habrían participado en su detención”.
Según el informe de la ONU-DH, este detenido falleció “como resultado de la asfixia con bolsa plástica y múltiples golpes”.
Tras realizar su propia investigación, este organismo de la ONU determinó que Emmanuel Alejandro Blas Patiño fue capturado por elementos de la Marina junto con otras dos personas, alrededor de las 22:00 horas del 26 de octubre de 2014; sin embargo, la consignación de los detenidos se dio hasta el 27 de octubre a las 11:30 horas, es decir, más de 13 horas después del arresto.
En la consignación, destacó la ONU-DH, la Secretaría de Marina sólo presentó a dos detenidos y “no menciona ni la detención de una tercera persona, ni su fallecimiento”.
La muerte de Emmanuel Alejandro Blas Patiño, de hecho, fue conocida sólo porque el entonces titular de la Fiscalía General de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado, la mencionó durante una conferencia de prensa, en la que aseguró que “este sujeto que hoy fallece pertenece al Grupo Guerreros Unidos y podría estar relacionado con el caso Iguala (la desaparición de los 43 normalistas)”.
Tal como narró en ese momento el titular de la Fiscalía morelense, la muerte se dio a raíz de que Emmanuel Alejandro Blas Patiño cayó de una azotea de diez metros de altura, al huir de los elementos de la Marina que intentaban arrestarlo, tras recibir una denuncia anónima.
Según el fiscal, Blas Patiño portaba un rifle automático R-15 al intentar escapar, que quedó junto a su cadáver luego de desplomarse de la azotea.
Tal como confirmó la ONU-DH, el parte informativo de la Marina en el que se reporta esta captura no sólo omitió señalar que uno de los detenidos falleció durante el operativo para su arresto, sino que aseguró que la detención fue pacífica.
Pese a ello, subrayó la ONU-DH en su informe, “los exámenes médicos realizados por la Procuraduría General de la República a Eury Flores López y Francisco Javier Lozano (los dos detenidos), media hora después de la puesta a disposición, mostraban múltiples lesiones”.
En el caso del primer detenido, la PGR detectó 30 lesiones, y otras 17 en el segundo.
Uno de estos detenidos, Eury Flores, declaró ante la PGR que, luego de ser arrestados por la Marina, él fue torturado por los uniformados a una distancia de entre 5 y 10 metros del punto en donde estaba Emmanuel Alejandro Blas Patiño.
“Lo estaban torturando con la bolsa –señaló su declaración preparatoria–, hasta que escuché ‘ya valió madre, ya valió madre, éste no aguantó, se me ahogó’, y se escuchó que llegaron los demás (marinos) y le dijeron que qué había hecho, y él les dijo que se había ahogado, que no había aguantado”.
Según el reporte médico, Emmanuel Alejandro Blas Patiño murió por “hemorragia cerebral aguda, laceración encefálica, sección medular y fractura vertebral consecutiva a traumatismo severo”.
El pasado 1 de junio de 2018, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenó a la Procuraduría General de la República la creación de una comisión investigadora de la verdad en torno a los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, en los que fueron detenidos y desaparecidos 43 normalistas, y otras seis personas asesinadas, dirigida por las familias de las víctimas en el diseño de sus líneas de investigación, que son de aplicación obligatoria para el Ministerio Público.
Tras concluir que la PGR no se ha conducido en sus investigaciones de forma adecuada, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenó a esta Comisión investigadora de la verdad esclarecer diversas irregularidades.
Entre ellas, el Tribunal Colegiado destacó la instrucción de investigar “la posible tortura sufrida por los diversos declarantes”, así como que “debe investigarse si el fallecimiento de Emmanuel Alejandro Blas Patiño se dio como consecuencia de actos de tortura”.
“Sin duda, la sentencia que ordena establecer esta comisión de la verdad es el hecho más relevante que ha ocurrido en 2018, en torno al caso Ayotzinapa –señala en entrevista Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que da acompañamiento legal a las familias de los normalistas desaparecidos–, sin embargo, a partir de que fue emitida, el gobierno federal desplegó una estrategia coordinada para echar abajo esa sentencia, y se han tramitado un centenar de escritos legales, de distinta índole, para impugnar la creación de dicha comisión investigadora”.
La orden del Tribunal de crear esta comisión de la verdad ha sido impugnada por la Procuraduría General de la República, las secretarías de Salud, Hacienda, Gobernación, Defensa Nacional, Marina, así como por el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica del gobierno federal, la Policía Federal e, incluso, por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
“Y adicionalmente, varios detenidos también han comenzado a tramitar impugnaciones, con apoyo de las autoridades –señaló el abogado–. Por ejemplo, el capitán del Ejército de nombre José Martínez Crespo, señalado por su conducta irregular durante la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala (cuando fueron detenidos y desaparecidos los normalistas), él hace poco apareció con un recurso legal en contra de la comisión de la verdad, e iba apoyado legalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional, alegando que a él en lo personal le agravia que se cree esta comisión de investigación”.
El mismo procedimiento, subrayó el abogado, “están siguiendo algunos marinos acusados de tortura, y algunos policías federales, con apoyo legal de sus respectivas instituciones, entonces, eso es algo que nunca se había visto: si sumamos todas las impugnaciones, suman más de 200 diferentes instrumentos legales interpuestos en contra de que se cree esta comisión investigadora”.
A partir de una de estas impugnaciones, promovida por la PGR, un segundo tribunal decidió suspenderla y, siguiendo el procedimiento establecido, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito se vio obligado a evaluar de nuevo el sentido de dicha sentencia, tras lo cual, ésta fue refrendada en su sentido inicial, es decir, ordenando la creación de una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa.
Así, ahora que hay un Tribunal en favor de la creación de esta comisión investigadora, y un tribunal en contra, toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar qué criterio es el correcto.
