Pese a que ya fue firmado el cierre de instrucción del juicio político que sigue el Congreso del Estado contra Gabino Cué Monteagudo, las expectativas de que el tema concluya en la actual legislatura son muy bajas, aseguró el integrante del Consejo Ciudadano Contra la Corrupción, Alejandro Cruz Pimentel.
El cierre de instrucción, que da paso a la etapa de alegatos y a la elaboración del dictamen que sería sometido ante el pleno instalado en Gran Jurado, fue avalado por cuatro de los integrantes de la comisión Instructora, la presidenta, María de Jesús Melgar; el panista Juan Mendoza, Tomás Basaldú, del PRD, y Juan Bautista Olivera, del PT. La priista Mercedes Rojas Saldaña rechazó firmar el documento.
Cruz Pimentel señala dos motivos para las bajas expectativas, primero, que el Partido Revolucionario Institucional, que está en el gobierno, aunque debería ser el principal interesado en que se denuncie y castigue la malversación de fondos públicos de la anterior administración, muestra oposición al proceso; segundo, que incluso en la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) parece haber intereses que impiden mayores avances.
“El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Romero, no va a querer elevarlo al pleno, se va a quedar un dictamen sin firmas, a favor o en contra, pero no va a llegar. El PRI debió haber sido el primer interesado en esta iniciativa, en que se acelerara, sin embargo, lo deja en manos de Morena, que negocia al interior de las comisiones, el PRI pudo haber hecho más”.
“Tenemos expectativas muy bajas, considerando que le queda muy poco tiempo a esta legislatura, creo que se van a tardar en ponerse de acuerdo, en el último documento incluso falta la firma de una diputada y eso no debería ser posible”, expresó.
Asimismo, denunció que aunque la Auditoría Superior de la Federación presentó ante la Contraloría del Estado expedientes de promociones de responsabilidades sancionatorias, aún no ha emitido ninguna resolución al respecto. La ASE cuenta actualmente con cuatro denuncias presentadas contra el gobierno de Cué Monteagudo por daños patrimoniales exhibidos en las auditorías 524, 1,074, 599 y 600.
Más allá
Aun si no concluye el proceso de juicio político contra el exgobernador, con la información que proporcionó la Auditoría se podrán presentar denuncias ante la Fiscalía General Anticorrupción –cuyo primer titular aún no ha sido designado por el Senado- y ante la Fiscalía estatal.
De igual forma, Cruz Pimentel señaló que la próxima legislatura del Congreso estatal deberá reformular la construcción de órganos autónomos en los cuales el jefe del Poder Ejecutivo ha colocado a personajes cercanos a su partido, tanto en el caso del comité ciudadano del sistema anticorrupción como en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca y en el Instituto de Acceso Público a la Información.
Asimismo, debe extender su actuación a la creación de una contraloría ciudadana, que sea un vigilante real de las acciones del gobierno y de la forma en que ejecuta el presupuesto.
“Si no tenemos un buen titular de fiscalización del estado, representantes ciudadanos en el comité anticorrupción y un contralor ciudadano difícilmente terminaremos con la corrupción en Oaxaca, en un año, dos o tres vamos a estar viendo el mismo daño al erario público, porque no quieren entrar a este tema del combate frontal a la corrupción”.
