Siguen sin esclarecerse los hechos que se registraron hace tres años, en el poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, cuando, entre 8 y 12 personas “fueron ejecutadas arbitrariamente” a manos de fuerzas del Estado, reclaman una centena de agrupaciones humanitarias, expertos y activistas, entre ellos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana).
En un comunicado difundido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos humanos, resaltan que “la impunidad” con la que se han cubierto los hechos de Tlatlaya, “es un anuncio de lo que podría suceder de prosperar los intentos por aprobar una Ley de Seguridad Interior que le de mayores facultades a las Fuerzas Armadas para operar en seguridad pública”.+
Reiteran que la seguridad pública es una tarea reservada a civiles y contraria a la formación de marinos y militares, como han reconocido sus propios mandos y como lo demuestran los recientes hechos en Palmarito, Puebla.
En el caso Tlatlaya, autoridades señalaron civiles habían muerto durante un enfrentamiento con los elementos del 102 Batallón de Infantería, hasta que una sobreviviente reveló que la mayoría de los 22 muertes se dieron cuando los presuntos delincuentes “ya se habían rendido”.
“A pesar de que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación 51/2014, acreditó que existió privación arbitraria de la vida en contra de los civiles, el deficiente trabajo de la Procuraduría General de la República y la condescendencia del Poder Judicial de la Federación ha provocado que al día de hoy no haya nadie rindiendo cuentas por este delito”, señalan las agrupaciones.
Un primer aspecto a señalar en esta falta de diligencia es que no se ha esclarecido ni siquiera el número de víctimas. En mayo de 2016, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito revocó el auto de formal prisión contra los tres soldados acusados de homicidio calificado al considerar que se requerían más pruebas para acreditar su responsabilidad, sin que la PGR haya hecho mayores esfuerzos hasta ahora por perfeccionar la indagatoria, agregan
La resolución del Tribunal no significa una exoneración, pero a pesar de los ofrecimientos de pruebas y propuestas de diligencias por parte de la coadyuvancia, no existe en el expediente un avance sustancial.
En segundo lugar, la alteración de la escena del crimen -que la CNDH advirtió que ocurrió “al grado tal que algunos cadáveres fueron movidos y fueron colocadas armas en todos los cuerpos que yacían muertos en el suelo”- tampoco ha sido esclarecida ni las responsabilidades por este encubrimiento.
La propia defensa de Clara Gómez identificó al menos 19 alteraciones en los cuerpos de las víctimas al cotejar las fotografías contenidas en el expediente de la causa penal militar 338/2014, radicada en el Juzgado Sexto Militar, y las que se encuentran en el expediente de CNDH.
Como tercer elemento se suma la falta de acciones para investigar la orden de “abatir delincuentes” en horas de oscuridad, revelada hace ya dos años, finalizan las agrupaciones.
