Un juez de control determinó no vincular a proceso al exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz por los delitos de peculado y daño al patrimonio estatal por los millonarios estímulos entregados durante su administración a la armadora coreana de automóviles KIA.
Luego más de dos años de litigios, desde que en el 2016 fuera presentada la mega Operación Tornado, con la cuál la administración de Jaime Rodríguez El Bronco imputó a más de 30 servidores públicos de su administración, Medina ya fue absuelto, además de estos dos delitos por el de uso indebido de funciones.
Aún le queda por resolver el delito de peculado, por el que fue vinculado a proceso en septiembre del 2017, luego de que el juez de control encontró pruebas suficientes para enjuiciarlo por haber hecho uso indebido de un helicóptero estatal, que usó para pasear en su rancho.
Debido a un amparo promovido por la defensa, la vinculación por este ilícito se encuentra en revisión.
Sobre la resolución dictada hoy por el juez, por la asignación de 3 mil 600 millones de pesos que, de acuerdo a la acusación, había entregado dolosamente Medina a la firma asiática, el juez determinó que la extinta subprocuraduría especializada en combate a la corrupción, que aún dirige Ernesto Canales, no detalló con precisión los hechos presuntamente constitutivos de delito.
Estas fallas, de acuerdo a la sentencia, impidieron que el priista instrumentara una defensa adecuada, lo cual afectaba sus derechos.
En respuesta a las irregularidades, el abogado defensor Alonso Aguilar Zínzer promovió un amparo que le fue concedido en el Juzgado Quinto de Distrito, lo que ocasionó que el caso fuera analizado por un Tribunal Colegiado que se pronunció en favor que quien fuera mandatario de Nuevo León en el sexenio 2009-2015.
Por los delitos que se le imputaron por este caso, Medina fue enviado a prisión el 26 de enero del 2017, pero solo estuvo 18 horas internado en el penal del Topo Chico, tras ganar un recurso de protección de la justicia federal.
Tras conocer el fallo, El Bronco dijo que es una decisión política y que presentará un recurso de apelación.
