La ONU instó al Estado mexicano a asegurar que el feminicidio sea criminalizado en todos los códigos penales en los estados del país, y le urgió a adoptar “medidas urgentes” para prevenir, investigar y juzgar adecuadamente las muertes violentas, los homicidios y desapariciones de mujeres.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) publicó hoy sus conclusiones sobre la situación en México después de que este país se sometiera por novena vez al escrutinio de sus expertos el pasado 6 de julio.
La vicepresidenta del CEDAW, Magalys Arocha, señaló en rueda de prensa que el diálogo con la delegación mexicana multisectorial ha sido “muy activo y constructivo” en medio de unas “muy complicadas condiciones” en el país en lo que se refiere a la situación de las mujeres, que es “mala”.
El Comité reconoce los esfuerzos de México para “superar el clima general de violencia y promover los derechos de las mujeres”.
No obstante, lamenta que los “persistentes altos niveles de inseguridad, violencia y del crimen organizado, así como los retos asociados con estrategias públicas de seguridad, afecten negativamente al disfrute de los derechos de las mujeres y niñas”, entre ellas las indígenas y las afromexicanas.
Según dijo Arocha, el Comité quiere que se haga a partir de este examen a México un seguimiento de los esfuerzos del país especialmente en el campo de la violencia basada en el género.
En este sentido pide a México que “adopte medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y desapariciones forzosas de mujeres, lo que incluye hacer frente a la raíz del problema como son la violencia, la violencia armada, el crimen organizado, el narcotráfico, estereotipos discriminatorios y la marginalización” de la mujer.
Igualmente piden los expertos de la ONU al Estado mexicano que vele por que “se investiguen, procesen y sancionen adecuadamente a los autores” de actos de violencia contra la mujer, lo que incluye a los actores estatales además de los no estatales.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) de 2014 a 2017 hubo 1,413 mujeres asesinados en el Estado de México, de las que sólo 236 fueron investigados como feminicidio.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo en 2017 se registraron 29.168 homicidios dolosos, de los cuales 671 fueron feminicidios.
Arocha también subrayó la importancia de que México asegure que el feminicidio esté criminalizado en todos los códigos penales estatales, acorde a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del país, y que estandarice los protocolos de investigación policial para feminicidios en todo el Estado.
Asimismo, considera importante el CEDAW que México simplifique y armonice los procedimientos a nivel de los estados para activar el mecanismo “Alerta Amber” y del Protocolo Alba, que ayuda a localizar y recuperar a niñas, niños y adolescentes desaparecidos o que se encuentren en riesgo de sufrir daño grave.
Para el Comité es esencial que “se acelere la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas y se adopten medidas y protocolos especiales para mitigar el riesgo asociado con las desapariciones, tales como el feminicidio y el tráfico de mujeres y niñas con el propósito de la explotación sexual y el trabajo forzado.
Igualmente pide a México que armonice y amplíe la aplicación y la coordinación a nivel federal, estatal y municipal de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, y que asegure la participación en el mecanismo de ONG, la academia y de defensores de los derechos humanos.
