En ningún lugar del país ser político es tan peligroso como en Oaxaca. Entre presidentes municipales en funciones, electos, servidores públicos y candidatos a diversos cargos de elección popular la violencia política en el estado ha cobrado al menos 53 víctimas desde 2010, de acuerdo con estadísticas del Atlas de Riesgo Político Electoral. Durante 2018 19 personas que participaban en las campañas electorales han sido asesinadas.
Ayer, mientras el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE), formado por Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil alertaban que la violencia política registrada en México durante el proceso electoral ha alcanzado niveles “jamás vistos” en anteriores elecciones, la coalición Juntos Haremos Historia denunciaba el asesinato del candidato a diputado local Emigdio López y el aspirante a la presidencia municipal de San Pedro Pochutla, el exdirigente estatal del PRD, Raymundo Carmona Laredo, era víctima de un ataque armado que mantenía su vida en grave riesgo.
El mapa, realizado por organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Democracia MX y Propuesta Cívica, reporta que en Oaxaca se registraron 147 actos de violencia política, entre amenazas, interferencia de comunicaciones, agresiones físicas y asesinatos. En estas estadísticas no se contabilizan los asesinatos de integrantes de equipos de campaña, con los que las cifras de Oaxaca podrían superar los cien registros.
Las estadísticas se basan en información aportada por dependencias estatales como Inegi, Coneval, Conapo, INE, Fepade, así como informes e investigaciones hemerográficas de las organizaciones involucradas.
Entre los cargos de las personas asesinadas se encuentran cuatro presidentes municipales electos, nueve en funciones, 22 que habían concluido su mandato, un exservidor público, dos familiares de autoridades, dos líderes políticos, ocho servidores públicos, cuatro periodistas y un precandidato.
Entre los nombres hay casos que recobraron relevancia nacional como el de Alberto Mauro Sánchez, exedil de San José del Progreso, involucrado en la lucha contra la operación de la minera Cuzcatlán; el de Everardo Hugo Guzmán, presidente municipal electo de San Andrés Cabecera Nueva, ejecutado cuando ocupaba una diputación local.
Violento 2018
2018 es uno de los años más violentos a nivel político electoral en el estado, al registrar 13 casos en los que han sido asesinadas 20 personas.
El 3 de febrero
fue ejecutado en San Miguel del Puerto el doctor Teodoro Ortiz Barragán, ex presidente municipal de San Miguel del Puerto.
El 15 de febrero
junto a siete personas más, el exedil priista de Ejutla de Crespo Francisco Pachico Hernández fue ejecutado a balazos durante un baile popular.
El 26 de febrero
fue asesinado el suplente del síndico municipal de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Genaro Oceguera Ruiz, de 45 años de edad.
El 28 de febrero
en Matías Romero fue asesinado Alfredo Ramos Villalobos, líder priista de la CTM en este municipio istmeño.
El 7 de marzo
falleció tras recibir varios disparos de arma de fuego Saturnino Morales Pérez, expresidente municipal de Santiago Texcalcingo.
El 11 de marzo
fue asesinado el síndico municipal de San Agustín Loxicha, Pochutla, Santos Valentín Enríquez Martínez.
El 13 de marzo
Wilfrido Sánchez Cruz, dirigente de la Sección 198 de la CTM fue ejecutado a balazos en Santa Lucía del Camino.
El 20 de marzo
sujetos armados dispararon contra Nefer Silva Melo, quien trabajaba como secretaria en la casa de gestión del Partido del Trabajo en Loma Bonita.
El 24 de abril
fue asesinada en Juchitán de Zaragoza María Teresa Vega Terán, exregidora de mercados por el Partido del Trabajo. También fallecieron dos escoltas de la líder del PT.
El 30 de abril
el síndico procurador de Santa María Huazolotitlán, Gonzalo Vázquez Jiménez fue asesinado a balazos a 50 metros de la casa del presidente municipal priista Gilberto Sánchez Sánchez.
El 4 de mayo
fue encontrado en la Villa de Zaachila el cadáver del exedil de San Gabriel Mixtepec, José Ramírez, reportado como desaparecido por sus familiares una semana antes.
El 2 de junio
pasado fue ejecutada Pamela Terán Pineda, candidata en la segunda posición de la planilla a la presidencia municipal de la coalición Todos por México. Además de la candidata fueron asesinadas dos personas más, la fotógrafa María del Sol Jarquín y el chofer Adelfo Guerra.
El lunes 25 de junio
fue ejecutado a balazos en el municipio de Yogana, Ejutla de Crespo, el candidato a diputado local de Morena Emigdio López Avendaño. Junto a él fueron asesinados cuatro integrantes de su equipo de campaña.
Martes 26 de junio
el candidato a presidente municipal en San Pedro Pochutla de la coalición Por México al Frente, Raymundo Carmona Laredo, fue atacado a balazos; su estado de salud fue reportado como grave. Junto a él tres personas más resultaron heridas, dos de gravedad.
Oaxaca, con mayor número de casos
Hasta mayo pasado la entidad se mantenía como la más violenta por el número de asesinatos derivados de actos de violencia política, con 51 registros; le seguía Guerrero, con 42; Veracruz, con 34; Michoacán, 21; Chihuahua y Puebla con 19 casos cada entidad.
12 de los estados del país registra menos de cinco casos: Hidalgo, cuatro; Baja California, Guanajuato, Morelos, Sinaloa y Zacatecas reportan solo tres desde 2010; Baja California Sur, Coahuila, Colima, Nuevo León dos cada una; Ciudad de México y Nayarit, uno.
