La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión han condenado que el gobierno mexicano ha realizado escasos avances para hacer justicia a periodistas agredidos o asesinados, obteniendo desde 2010, un porcentaje de impunidad de 99.6 por ciento.
“Es inadmisible que el gobierno mexicano siga sin investigar exhaustivamente estos delitos y juzgar a los responsables”, señala el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México presentado ayer por el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, y el relator especial de Naciones Unidas, David Kaye.
En el documento se apunta específicamente que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “la política pública más importante para proteger a los periodistas en México”, así como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) han sido insuficientes para evitar más agresiones y castigar las cometidas. Desde 2017 en el país han sido asesinados 22 periodistas, cinco de ellos en lo que va de 2018.
De acuerdo con cifras proporcionadas por la FEADLE, de los 84 asesinatos de periodistas cometidos en México desde 2010, 37 no fueron motivados por el ejercicio periodístico de las víctimas. De los 47 crímenes en los que se identificó un vínculo al trabajo periodístico, hay 28 investigaciones pendientes, 16 investigaciones que han sido cerradas o suspendidas y sólo en tres casos se han abierto procesos penales.
La CIDH condena que a lo largo de estos años, la capacidad humana y material de la Fiscalía han sido inadecuadas. Entre 2014 y 2018, el presupuesto se redujo en más del 50%, “lo cual menoscaba incluso los intentos más modestos de cumplir el mandato legal de esta fiscalía”.
“La FEADLE no ha contribuido significativamente a combatir la impunidad y recuperar la confianza pública. A los relatores especiales les preocupa especialmente la falta absoluta de avances en las investigaciones sobre la desaparición de periodistas, como así también en los casos emblemáticos de agresiones contra estos profesionales”.
De igual forma, el documento señala que durante la visita, los relatores especiales escucharon “varias historias que revelan los altos niveles de temor y autocensura que causaron, entre los periodistas y sus comunidades, la impunidad y la profunda desconfianza en que las autoridades públicas logren justicia y protejan el Estado de derecho”.
Diagnóstico desalentador
Además de las condiciones de riesgo en las que trabajan periodistas que informan sobre temas de corrupción, narcotráfico, colusión de funcionarios públicos con la delincuencia organizada, violencia policial y temas electorales, aquellos que son agredidos cuentan con pocas probabilidades de que los casos sean resueltos. El diagnóstico que conoció la CIDH es desalentador.
Los relatores conocieron el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que documentó que la FEADLE carece de planes de investigación eficaces, no agota todas las líneas de investigación, no identifica a todas las personas responsables de delitos (lo cual incluye a autores intelectuales y cómplices), y no analiza el contexto en el cual se produjeron los delitos, particularmente el modo en que el poder político y delictivo opera a nivel local y en otras realidades locales.
Asimismo, a través de sus indagaciones los relatores descubrieron otras irregularidades como que no se protege la seguridad de los testigos ni se reúne y preserva de manera eficaz la evidencia policial y forense. Las investigaciones “quedan paralizadas a causa de engorrosos requisitos legales, como evaluaciones psicológicas de las víctimas y falta de una verdadera coordinación entre los mecanismos de protección”.
De acuerdo con la CIDH, la Fiscalía necesita recursos que le permitan incrementar de manera sustancial la cantidad de personal; proteger a su personal y retenerlo; asegurar un análisis oportuno de las amenazas; y capacitar al personal sobre temas relacionados específicamente con cuestiones de género e indígenas.
También le recomendaron que la información sea transparente, a fin de asegurar que se supervise su eficacia y se favorezca la confianza entre beneficiarios y otros actores interesados.
Desconfianza en las autoridades
Numerosos periodistas expresaron una profunda desconfianza ante las autoridades locales a cargo de las investigaciones, que en muchos casos se cree que han actuado en connivencia con organizaciones de delincuencia organizada.
“Dada la magnitud de la crisis actual y la falta de independencia de muchas autoridades locales, los relatores especiales consideran que es imperativo que las autoridades gubernamentales intensifiquen el uso de la potestad legal de la FEADLE para investigar y enjuiciar delitos contra periodistas y adoptar medidas de amplio alcance que pongan fin a la impunidad.
De igual forma, al ser agredidos o amenazados, muy pocos periodistas amenazados manifestaron percibir que los medios para los cuales trabajaban les ofrecieran suficiente apoyo o, directamente, algún tipo de apoyo.
Otros grupos sobre los que los relatores advierten graves amenazas son los periodistas indígenas que comunicaron experiencias de discriminación racial, a menudo agravadas por agresiones físicas, y la falta general de acceso a la justicia debido a la distancia, la falta de asistencia legal adecuada, los obstáculos idiomáticos y el temor a represalias.
También varias mujeres periodistas informaron sufrir acoso mientras realizaban algún reportaje, a menudo ejercido por autoridades públicas, y a veces incluso agresiones físicas por policías o miembros de las fuerzas de seguridad.
Leyes de Seguridad Interior y Chayote
Otras amenazas detectadas por la CIDH son leyes aprobadas como la Ley de Seguridad Interior, que incluye disposiciones que podrían tener un impacto negativo en el acceso a información, el nivel de supervisión de las actividades de inteligencia y el uso de la fuerza durante manifestaciones.
De acuerdo con la relatoría, “otorgar a las Fuerzas Armadas la facultad de reunir inteligencia interna genera serios interrogantes sobre las limitaciones a la supervisión civil y judicial que exigen los estándares internacionales”, además supone un retroceso respecto de los avances logrados en los últimos 15 años en materia de transparencia y acceso a información.
Sobre la ley para la asignación de publicidad oficial resalta que no establece normas claras sobre sus objetivos, criterios y procedimientos de asignación y mecanismos de supervisión, dejando un amplio margen de discreción y abuso de las autoridades.
