Hasta este miércoles, el sitio democraciasinpobreza.mx había recibido 151 reportes ciudadanos de compra de voto, provenientes de 25 de las entidades del país, dio a conocer el colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP).
“El 41 por ciento de los reportes corresponde a la entrega de cosas, despensas, principalmente; 36 por ciento son acciones de condicionamiento para recibir o dejar de recibir los beneficios de algún programa social, sobre todo Prospera; 18 por ciento es por la entrega de dinero en efectivo y un 11 por ciento corresponde al reparto de tarjetas electrónicas con depósitos diferidos“, detalló.
En conferencia de prensa, la agrupación conformada por 60 organizaciones sociales y civiles informó que el voto se está comprando comúnmente en 500 pesos, pero hay casos, como el Estado de México, donde se cotiza hasta en 5 mil, mientras que en la Ciudad de México el “precio” del voto varía de 200 a 2 mil 500 pesos.
El sitio web también incluye una bitácora de prensa de la compra del voto que recopila diariamente información publicada por 64 medios estatales y 7 medios de la Ciudad de México, entre diarios, radios y sitios web de información, que ha sido programada para seguir acciones de compra y coacción del voto, así como el desvío de recursos públicos de los programas sociales del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios del país.
Hasta la fecha esa bitácora ha recopilado mil 613 noticias que dan cuenta de que las acciones de compra y coacción del voto, usando los beneficios de los programas sociales.
Además, ACFP ha observado que durante el primer trimestre de 2018 se ha disparado el gasto ejercido en programas sociales.
Por ejemplo, el gasto del del programa de Empleo Temporal creció mil 480.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2017; el del Programa de Coinversión Social, 815. 5 por ciento; Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en 237 por ciento, y el Programa de Comedores Comunitarios en 184.3 por ciento.
Ante esto, el colectivo exhortó a las autoridades a responder al esfuerzo ciudadano por construir en México con una democracia sin pobreza, a partir de la disuasión de la compra de votos y el compromiso de que “la pobreza no sea usada como herramienta de manipulación política”.
Alberto Serdán, coordinador de ACFP, comentó que la compra y la coacción del voto obstruyen la democracia, impiden la construcción de una ciudadanía informada, participativa y responsable, lesiona la dignidad humana de la ciudadanía; “es inmoral, ilegal y no debe quedar impune”.
Señaló que es muy grave que en un país con más de la mitad de sus habitantes viviendo en pobreza (50.3 por ciento) se use el dinero de forma ilegal para comprar votos.
Además, añadió, las acciones denunciadas por los ciudadanos “contravienen la Ley General en materia de Delitos Electorales y, para el caso de la fotocopia de la credencial del INE, es una violación a las leyes de protección de datos personales ante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) debería actuar e informar a la población de que es un delito acumular datos personales con las fotocopias sin los requisitos de ley“.
Serdán dio a conocer que el portal democraciasinpobreza.mx contiene una serie de documentos que incluyen un formulario para recibir los reportes que notifican en qué localidad del país se está comprando el votos de los mexicanos con recursos presupuestales destinados a la superación de la pobreza; quién está operando la compra o coacción del voto, qué están repartiendo o entregando a cambio del voto y qué programas sociales están usando ilegalmente.
Si bien aclaró que los reportes recibidos hasta la fecha y los que se reciban en el futuro no son representativos en término estadísticos, adelantó que ya trabajan en el levantamiento de una encuesta representativa al nivel nacional sujeta a la metodología aceptada.
