La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa una situación especial de riesgo para actores políticos en México, incluyendo a precandidatos y candidatos rumbo a las elecciones del próximo 1 de julio.
Destacó que desde septiembre de 2017 y hasta abril de este año, se han registrado altos niveles de violencia en contra de personas que ocupan y ocuparon cargos políticos, así como precandidatos, y candidatos, particularmente a nivel local, pertenecientes a distintas afiliaciones y movimientos políticos del país.
“Importantes fuentes indican que se han registrado decenas de asesinatos en contra de distintos actores políticos ocurridos en las precampañas e intercampañas; amenazas a actores políticos y de agresiones contra mujeres políticas, muchas de las cuales son precandidatas y candidatas”, señaló en un comunicado.
Ante los hechos, la Comisión espera que el Estado mexicano siga adoptando todas las medidas necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y la seguridad de los candidatos.
“En particular, el Estado debe seguir adoptando las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad de los actores políticos en los tres niveles de gobierno, sin distinción, para el derecho a elegir y a ser elegido puedan ejercerse libres de violencia”.
Además, la Comisión hizo un llamado al Estado para iniciar investigaciones que estén orientadas a identificar a los responsables materiales de los hechos y a los posibles autores intelectuales. También pidió reforzar todas aquellas acciones que garanticen que aquellas que estén en curso se realicen de forma diligente.
El actual proceso electoral no solo es el más grande en la historia de México, también es el más violento, pues en siete meses 82 políticos han sido asesinados, de acuerdo con el reciente informe de la consultoría Etellekt. Exfuncionarios, alcaldes, aspirantes y candidatos locales son el sector más vulnerable a los ataques del crimen organizado, de acuerdo con este conteo.
De acuerdo con el director de Etellekt, Rubén Salazar, 90 % de las agresiones documentadas en su informe fueron contra funcionarios y candidatos del ámbito local, y esto lo atribuye al interés de la delincuencia organizada por controlar políticamente a las localidades mediante las policías, así como servicios de agua y electricidad.
El informe consultado por este medio destaca que el 69 % de las víctimas fueron asesinadas por grupos armados (54 casos), mientras que en otro 12 % (9 casos) las víctimas fueron privadas de la libertad y posteriormente halladas sin vida y con señales de violencia.
El 66% de los casos sucedieron en seis entidades: Guerrero con 18 casos, Oaxaca con 13, Puebla (9), Veracruz (8) y Estado de México (6). De acuerdo con Salazar, los ataques se dieron en municipios con problemas de seguridad, de robo de combustible (huachicoleo) y de robo de mercancía a transporte.
