Familiares de los 65 mineros fallecidos en la mina de carbón operada por Grupo México informan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido indagar la responsabilidad del Estado mexicano en los hechos.
Se admite el caso a 12 años de que 63 cuerpos de las 65 víctimas “siguen atrapados” y sus familias “sin acceso a la justicia, enfrentando la obstaculización del Estado a la recuperación y sepultura digna”.
Además, reclaman las familias, el caso permanece impune, pues ningún funcionario ha sido sancionado penalmente, aun cuando el propio Estado omitió garantizar que diversas fallas de seguridad detectadas en la mina antes del siniestro se subsanaran.
Recientemente, durante su 167º periodo de sesiones celebrada en Bogotá, Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró “admisible” el caso Pasta de Conchos, un siniestro que quitó la vida a 65 mineros en la región carbonífera de Coahuila en febrero de 2006, para evaluar la responsabilidad del Estado mexicano en la violación a los derechos a la vida, la integridad personal, el acceso a la justicia para las y los familiares, así como los derechos económicos, sociales y culturales.
Las familias presentaron el caso ante la CIDH en febrero de 2010, en reclamo al Estado mexicano por la inefectividad de las inspecciones laborales realizadas, por la demora injustificada y por la falta de debida diligencia en esclarecer y sancionar estos hechos; el gobierno mexicano alegó que el caso era inadmisible por la existencia de recursos internos para buscar justicia.
Sin embargo, tras analizar pruebas y argumentos de ambas partes, la CIDH dio la razón a las familias, pues “luego de doce años de ocurridos los hechos, no se han determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de servidores públicos, ni se han recuperado los cuerpos de los trabajadores mineros”.
La CIDH destacó que “al tratarse de un delito perseguible de oficio, es el Estado y no los familiares quienes tienen el deber de impulsar el proceso”.
La admisión del caso por la CIDH representa un avance histórico para las familias en su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral, empezando por el rescate de sus familiares.
La CIDH señaló, además, que la petición de las familias describe “un contexto caracterizado por la implementación en México de políticas de ajuste estructural y desregulación de los derechos laborales”, en el que se destaca la brecha entre las ganancias de empresas mineras y las condiciones de vida de los trabajadores mineros.
Al admitir el caso para analizar las afectaciones a derechos económicos, sociales y culturales que representa el siniestro de Pasta de Conchos, la CIDH abre la puerta a eventuales recomendaciones al Estado que tengan un impacto positivo para trabajadores además de las vías para justicia y verdad que se puedan abrir para las familias de los 63 atrapados, destaca el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
