En Boca del Río, Veracruz, Meade afirmó que la pensión es un pago justo a los exmandatarios por los servicios y la gestión que le dieron al país.
“Sí, es lisa y llanamente respeto al Estado de Derecho, dignificar a quien con su gestión entregó al país vida y certeza, y a mí me parece que en términos generales tenemos que cuidar ese Estado de Derecho y tenemos que cuidar justamente a estas instituciones, empezando con las instituciones que se construyeron pues al amparo de un esfuerzo y de una entrega y de una vida”, indicó Meade ante los medios.
El candidato de la coalición “Todos por México” integrada por el PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, criticó la propuesta de su competidor Andrés Manuel López Obrador que en enero de este año afirmó que las pensiones a expresidentes de México son “un acuerdo ‘pinchurriento’, no está en ninguna ley, no está en la Constitución, no hay ninguna ley donde se diga que se le tiene que entregar una pensión a los expresidentes”.
Desde 1976, por acuerdo del entonces presidente Luis Echeverría, todos los presidentes reciben una pensión mensual que equivale al salario mensual de un secretario de Estado, lo que en la actualidad es una cantidad superior a los 200 mil pesos.
Además, a esto se aúna el gasto en el personal militar que queda a cargo del expresidente y de su familia, que en el caso de Felipe Calderón, presidente de 2006 a 2012, es de más de 800 mil pesos por 19 empleados destinados a dicho fin.
Según el acuerdo firmado por Echeverría, presidente de México de 1970 a 1976, de morir un expresidente la pensión debe heredarse a su familia.
De acuerdo con un documento del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, el primer acuerdo que firmó Echeverría indicaba que los exmandatarios tuvieran a su disposición a 78 elementos militares para garantizar su seguridad.
El segundo decreto, también emitido por Echeverría fijó el monto de la pensión con cargo al erario, y concedió un seguro de vida y gastos médicos mayores a expresidentes. En caso de fallecimiento, la cónyuge del expresidente disfrutará del 80% de la pensión, y después de un año el monto disminuirá un 10% hasta llegar a la mitad del monto total. En su actualización del segundo decreto, se pone a disposición del expresidente a 25 empleados de Presidencia con puestos que van de choferes hasta auxiliares administrativos y directores de área.
En el caso de Calderón, poco antes de dejar el cargo modificó el reglamento del Estado Mayor Presidencial para incrementar a 425 el número de elementos de seguridad asignados a él y su familia incluidos padres, suegros, hermanos, cuñados, sobrinos y tíos. Vicente Fox, quien fue presidente entre el año 2000 y 2006, tiene a su cargo a 19 personas que implican un costo de 817 mil pesos al mes.
De acuerdo con una investigación realizada por el diario El Financiero, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari renunciaron al pago de pensión, y solo Zedillo genera gastos por aproximadamente 50 mil pesos al mes en la contratación de tres coordinadores.
Alguna de las preguntas entorno a este tema es ¿qué tan legal es que a los expresidentes les baste seis años en el cargo para asegurar el beneficio de su pensión? Usualmente, los trabajadores en México (en función de su régimen) deben trabajar entre 10 y 24 años para asegurar dicho derecho.
Los acuerdos no obstante carecen de legalidad pues, a pesar de haber sido firmados por expresidentes nunca fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). De acuerdo con el título tercero del código civil federal, los acuerdos que no estén publicados en el DOF no tendrán por qué ser ley. Si algo se considera obligatorio debe estar estipulado en el diario.
Una de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador es eliminar dichas pensiones mediante un nuevo decreto presidencial. Según lo recogido por el portal Animal Político, que consultó a distintos especialistas en Derecho Constitucional sobre el tema, el decreto propuesto por López es posible porque se trata de un asunto de voluntad política: derogar acuerdos y regular en el Congreso.
Al respecto Miguel Ángel Eraña Sánchez, investigador en la Universidad Iberoamericana, dice que no obstante, habría que revisar “en qué condiciones se da la abrogación del decreto y la expedición de las nuevas reglas”.
Ya en Boca del Río, Meade criticó la propuesta de seguridad de López Obrador porque “plantea combatir la inseguridad con amnistía y con impunidad, de eso a decir que la inseguridad no se combate con seguridad hay solamente un paso y no le falta mucho para darlo; Veracruz no quiere que los criminales salgan de la cárcel para regresar a las calles en las que hicieron daño y no quiere el hecho de que pretendamos enfrentar la inseguridad sin más coordinación, sin más presencia policiaca, sin la posibilidad de quitarle a los delincuentes los instrumentos con los que nos han hecho daño”.
