La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó su informe anual 2017 y aseguró que México enfrenta una “profunda crisis de seguridad” que afecta los derechos humanos y una situación de “fragilidad del estado de derecho y gobernanza en distintos estados que afectan la seguridad de periodistas.
En este extenso informe en el que la CIDH explica la situación de la libertad de expresión y los derechos de los periodistas de todo el continente, señala que la violencia y la estigmatización contra periodistas y respecto a quienes difunden ideas e información, como las restricciones legales ilegítimas o por medios indirectos a la libertad de expresión constituyen patrones de violaciones a la libertad de expresión presentes en el hemisferio durante 2017.
En total, la CIDH ha tomado nota en su informe de más de 900 incidentes de violaciones, restricciones ilegítimas o amenazas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Entre todas las formas de silenciamiento, la violencia física, la amenaza, el secuestro y los asesinatos se han vuelto a repetir como la forma más severa de coartar la libertad de expresión y afectar los derechos fundamentales de los comunicadores.
Durante 2017, más de un tercio de los incidentes registrados por la Relatoría Especial están relacionados con actos de violencias, entre estas agresiones hay que condenar la muerte de 22 comunicadores, más de 200 periodistas agredidos y 50 medios de comunicación sufrieron ataques durante el año objeto de análisis en todo el continente.
En el caso de Mexico, señala que este enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de su gente. También existe una situación de fragilidad del estado de derecho y la gobernanza en niveles locales en distintos Estados de la Federación, exacerbada por asesinatos, desapariciones y tortura. Además del uso de violencia en todas sus formas, los actores criminales y autoridades públicas intentan cooptar a los periodistas para sus fines e imponer información favorable para los cárteles o en contra de sus enemigos, en muchos casos a través del uso de la publicidad oficial.
El crimen organizado ha generado maneras híbridas de interferir con el periodismo, generando división y desconfianza entre los periodistas y entre periodistas y funcionarios locales. Durante una visita in loco desarrollada a fines de 2017 las relatorías de la CIDH y Naciones Unidas reconocieron el progreso en la protección de periodistas a nivel federal, pero llamaron la atención sobre la insuficiente coordinación de esa protección en los estados más problemáticos.
Los mecanismos de protección tienen, de forma sorprendente, recursos limitados considerando el contexto de una crisis nacional. Los mecanismos especializados de investigación, a nivel federal y estatal, no han brindado resultados, lo que lleva aún aumento en la impunidad y frustración en las víctimas.
En parte este ambiente involucra la transición histórica desde prácticas autoritarias en el gobierno en el pasado a la emergencia de un pluralismo político y demandas de normas democráticas. Los casos bien documentados de vigilancia digital de periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros, parecen un ejemplo de los retos que enfrentan los periodistas en la era digital.
