Ante posibles inversiones que puedan detonar progreso y desarrollo de esta amplia franja de la Costa, las autoridades de Bienes Comunales establecieron que no hay cerrazón, pero lamentablemente, dijeron, los inversores “llegan, compran y construyen en la ilegalidad”.
Ejemplo de esta lamentable situación, explicaron, es el Vivo Resorts, ya que en temporada fuerte entran las olas, “entran hasta donde tienen sus albercas, entonces está mal planeado”.
Javier Cruz Jiménez, Mauro Romeo Jiménez Pacheco y José Alfredo Aragón Ramírez, presidente, secretario y tesorero del Comisariado de Bienes Comunales, explicaron a El Imparcial, el mejor diario de Oaxaca, que respaldan la llegada de inversiones, pero cuestionaron cuál es el sustento paras las comunidades.
“No nada más para Bajos de Chila, sino para la parte alta. Cómo se van a beneficiar, porque el empleo de construcción cuánto puede durar, a lo mejor uno o dos años y se termina, es temporal”.
Ante ello indicaron que el proyecto que han planteado, “el gobierno lo debe entender y lo debe de cobijar, porque es un proyecto bien pensado dentro de las ubicaciones que se tienen planeadas a futuro”.
Apegados a la ley, insistieron que el uso de suelo es un asunto jurídico muy delicado con los comuneros, si no se tiene una asamblea, si no se define cuál es el área turística que se tiene que delimitar.
“A lo mejor el extranjero le va a dar más certeza, pero así como están construyendo ahorita están construyendo en un pantano, se puede decir. Desafortunadamente no ha existido un grupo de profesionales o de comuneros en la defensa de esto”, señalaron.
Lamentaron que el cuidado y protección del medio ambiente no lo tomen en cuenta los extranjeros que pretenden invertir en esta área, temas relevantes como el tratamiento del agua o de la basura.
Recordaron que hace muchos años cuando se expropiaron las tierras de Puerto Escondido, “vino entonces el procurador que era el abogado de Bravo Ahuja por el gobierno del estado. Se llamaba Miguel Jiménez Garay, obviamente ya murió, y se suscitó el problema que aún persiste: los de San Pedro Mixtepec contra los de Colotepec”.
Eso motivó que Fonatur, que tenía el desarrollo de Bacocho, que se iba a expandir, se lo entregara al gobierno del estado. “Si investigamos, las casas de acá, todas son casas de ex políticos o de políticos que se robaron literalmente y fracasó todo el proyecto gubernamental por miopía de los habitantes y por voracidad de gobernantes”.
Remataron: “Así vemos que Puerto Angelito era propiedad de Víctor Bravo Ahuja, sus prestanombres eran Fortunato Harp y Eulogio Meneses Lezama, que después se lo vendieron a un gobernador de Guerrero. Todo tiene historia y todo tiene cola.
“Puerto Escondido no tiene para un centro de diversiones y ese lugar está ideal, pero está en manos de políticos”.
Punta Clorada, caso pendiente
Las autoridades de Bienes Comunales precisaron que en el caso de Punta Colorada se debe revisar qué va a suceder con las 90 hectáreas que fueron expropiadas pero que al final no cumplieron con los objetivos para que se desarrollara un proyecto turístico.
“Hoy pedimos que esas tierras ya deben pasar a San Pedro Mixtepec o deben de acercarse con el gobierno para ver qué se va hacer con esas tierras”.
Recordaron que surgió la idea de crear el ayuntamiento de Puerto Escondido, lo que ha propiciado una pugna con los de San Pedro. “Pero siempre están latentes esos problemas generando conflictos, como los que hace poco generó Freddy Gil, es grave el caso y muy difícil porque la gente por necesidad vende sus tierras y sin darse cuenta el problema que le genera a sus paisanos”.
El problema se complica más, cuando “el gringo viene y su dinero ojalá lo dejara acá, lo manda a Canadá, a Estados Unidos y eso es criminal. Debe intervenir el gobierno del estado que está más encaminado en mantener a los maestros y a los sindicatos que nos asfixian y se olvida del pueblo que trabaja”.
