Para evitar que los internos de los Centros de Reinserción Social (Cereso), que se ubican en Oaxaca sigan delinquiendo desde el interior de los penales, diputados de las 63 Legislatura solicitaron a las autoridades realizar y reforzar los operativos de vigilancia.
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2016, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los penales que operan en Oaxaca fueron de los peores calificados por esta institución con un promedio de 5.25.
El estado peor calificado fue Nayarit con 4.37, mientras que los mejores Ceresos se ubican en Guanajuato donde se obtuvo una calificación de 8.22.
En el Reclusorio de Reinserción Social Femenil de Tanivet, apenas alcanzó una calificación de 6.02, donde recientemente se desató una protesta por parte de las reclusas, al considerar como innecesarias algunas restricciones establecidas por las autoridades penitenciarias.
El peor calificado fue la Penitenciaría Central del Estado, ubicado en Santa María Ixcotel con una calificación de 4.11, una de las peores a nivel nacional, donde se detectó sobrepoblación, hacinamiento, falta de servicios para mantener la salud de las personas privadas de la libertad.
Así como insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos, prevención de violaciones a derechos humanos y la atención en caso de detección, insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento, (sancionados y/o sujetos a protección), entre otros factores.
En ese sentido, la diputada Eva Méndez Luis, solicitó recientemente a las autoridades correspondientes realizar operativos de vigilancia en los ceresos.
Señaló que aunado de mejorar estos centros, se deben identificar y combatir los delitos que ocurren al interior de los mismos, pues las llamadas de extorsión que se reciben en los hogares oaxaqueños provienen del interior de las cárceles del país.
“Los operativos tendrán como objetivo detectar la existencia y decomiso de teléfonos celulares o cualquier dispositivo de comunicación digital o armas de posesión de los internos, a fin de prevenir y combatir la comisión de delitos”, señaló.
Según datos oficiales, se estima que el 93 por ciento de las llamadas de extorsión que anualmente se realizan en México se hacen desde los reclusorios para pedir recompensas por supuestos secuestros y otros delitos.
