El fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, afirmó que tres personas fueron detenidas por los daños y muerte de una persona a un costado de la carretera federal 190, en la colonia Brenamiel, de las cuales, dos son de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
Precisó que en el transcurso de 48 horas se resolverá la situación jurídica de los detenidos, cuya acción es aún más grave porque se trata de servidores públicos.
“Nosotros como en todos los casos no vamos a dejar de actuar y de fincar las responsabilidades correspondientes”, aseguró el fiscal, luego de garantizar que no habrá impunidad y se actuará con apego a la legalidad.
En un primer momento, los agentes habían sido acorralados la tarde del viernes por militantes de la Confederación de Transportistas de México (CTM), luego de que protagonizaran un altercado con uno de los militantes de esta organización.
Frente al Piticó de Santa Rosa, los cuerpos de seguridad se mantuvieron a bordo de una camioneta ante la amenaza de los cetemistas de retenerlos, aún con la presencia de elementos de la Policía municipal.
Por la tensa situación en ese momento, los agentes decidieron huir del lugar y atropellaron a un hombre que horas más tarde falleció en el hospital; también arrasaron con algunos vehículos en el momento de su huida.
¿Hubo incapacidad de los agentes para actuar?
-“Como ustedes saben nosotros estamos en un proceso de depuración de la Agencia Estatal de Investigaciones y esto nos va a llevar un tiempo, pero el proceso ya está iniciado”, señaló el fiscal.
De los hechos, el funcionario afirmó que tienen características específicas porque los agentes y la persona que estaban en el vehículo sintieron que iban a ser retenidos por personas “que ya se iban hacia ellos”.
“Consideraron que tenían que salir del lugar y del espacio donde estaban; sin embargo, hay daños, lesiones y hay un homicidio, que nosotros tenemos que resolver en consecuencia”, señaló.
Por la muerte de una persona, ayer integrantes de la CTM se concentraron en diferentes puntos de la capital, para demandar a la Fiscalía la aplicación de la ley a los agentes involucrados.
