El 22 de enero de 2014, elementos de la Policía Estatal Preventiva de Chiapas entraron al bar donde trabajaba Guadalupe Pérez Rodríguez, quien lavaba platos y barría por 80 pesos diarios. Tenía apenas tres meses laborando ahí. Los policías preguntaron por la persona encargada, quien no se encontraba en el lugar, por lo cual le pidieron a Guadalupe que los acompañara. Eran las 19 horas. Los policías se llevaron también a algunas asistentes del bar, y a otras dos empleadas; ningún cliente varón fue detenido.
La migrante guatemalteca de 52 años pensó que los policías solo querían hacerle algunas preguntas. Después de pasar varias horas en el Ministerio Público de Motozintla, Chiapas, preguntó por qué no la dejaban ir. Le contestaron que estaban arreglando unos papeles y que pronto se iría. Así, esperando salir en cualquier momento, pasó la primera noche en los separos.
Al día siguiente, le presentaron unos documentos para que los firmara. Guadalupe no sabía leer ni escribir y no entendía los términos legales escritos en español. Ella es hablante de mam (etnia indígena guatemalteca), así que no se enteró del contenido de los papeles, pero ante la presión de los agentes imprimió su huella digital.
Cuando sus hijos acudieron a buscarla les dijeron que debían conseguir un abogado. En su acusación, el Ministerio Público afirmó que la detención de Guadalupe fue en flagrancia. Su delito: trata de personas, en modalidad de explotación sexual, y corrupción de menores.
Ser migrante y trabajadora del hogar en Chiapas
Guadalupe llegó a México hace unos 20 años, después de que su esposo la dejó con seis hijos, cuatro mujeres y dos hombres, cuenta en entrevista. Llegó al país sin documentos migratorios y buscando trabajo. Se empleó como trabajadora del hogar en una casa en Motozintla de Mendoza, Chiapas. Ganaba 75 pesos al mes. Después de un tiempo, toda su familia la alcanzó.
Sus hijas mayores empezaron a trabajar desde niñas para ayudarle con los gastos. Guadalupe hizo de todo: vender papa, chayote, jitomate y cebolla en el mercado; lavar ropa, y limpiar casas. Su último empleo fue lavar trastes en el bar donde la detuvo la policía.
Las pruebas que la autoridad presentó en su contra fueron la declaración que firmó sin saber lo que decía y los testimonios de diversas personas —entre ellas las mujeres que según la versión oficial eran sus víctimas—, aunque la principal prueba fue el dicho de los policías que la detuvieron en el bar. El 25 de enero de 2014 la trasladaron al CERSS N. 4 en Tapachula. Hasta que llegó al penal, Guadalupe supo que la acusaban de trata de personas. Ella no entendió de qué se trataba ese delito y no era la única. En su misma situación estaban otras mujeres.
De acuerdo con el informe Migrantes en Prisión, otro destino trágico, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, en colaboración con Australian Aid, lo vivido por Guadalupe forma parte de un patrón para encarcelar mujeres migrantes.
Datos obtenidos por las organizaciones a través de solicitudes de transparencia reportan que en 2013 había mil 219 personas de origen centroamericano detenidas. De ellas, 972 se encontraban en centros estatales de readaptación social y 247 en federales; 45 % eran de Guatemala y 34 % de Honduras, 94 % eran hombres y 6 % mujeres.
Aunque eran una minoría, la detención de ellas mostraba algo distinto. Los delitos más recurrentes imputados a hombres centroamericanos en prisiones estatales mexicanas fueron homicidio y robo. En cambio, a las mujeres se les acusaba principalmente de trata y lenocinio (con 22 % del total de casos); 20 % eran imputadas por lo menos de delitos contra la salud y otro porcentaje igual por lo menos por delitos sexuales.
En el informe destaca la situación de Chiapas. Este estado reportó un total de 525 personas centroamericanas recluidas en sus centros penitenciarios. Aunque en cinco casos no dieron información completa y solo se tomó como base para el análisis a 520 personas.
De ellas, 94 % eran hombres y 6 %, mujeres. En total había 33 migrantes recluidas en Chiapas: 15 eran de Guatemala, 12 de Honduras, cinco de El Salvador y una de Costa Rica. Los delitos de 12, de acuerdo con las autoridades, eran trata y lenocinio. No hubo otra entidad en México que reportara un número similar o siquiera cercano a éste.
Igual que Guadalupe, Rosa Elvia Murcia Díaz salió en el 2000 de su país, Honduras, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. A sus 37 años se subió a La Bestia, pero en Apizaco, Tlaxcala, se cayó. A causa del accidente perdió una pierna. Volvió a Honduras a cuidar a su padre. Años después se unió a la Caravana de Migrantes Mutilados por La Bestia y cuando llegó a Tapachula, Chiapas, decidió quedarse e iniciar el proceso de regularización de sus documentos migratorios.
Un día antes de su detención caminaba por la calle para ir a ver a los abogados que la ayudaban con el trámite, cuando un joven se le acercó y luego de preguntarle la hora sondeó si podía ayudarlo a conseguir cinco mujeres para una fiesta de despedida de soltero. Rosa Elvia le dijo que no. El joven se fue, no sin antes tomarle una fotografía mientras se alejaba. Un día después, un grupo de hombres vestidos de civil la detuvo. La llevaron a un edificio grande y vacío, junto con dos hombres de México y uno de Nicaragua.
En el edificio reconoció la cara de uno de sus captores: era el muchacho que le había pedido ayuda para conseguir mujeres para una fiesta. La policía federal los presentó como parte de un operativo exitoso contra la trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Después de esa presentación, trasladaron a Rosa Elvia al CERSS N. 4 en Tapachula.
Respuesta falsa a una exigencia social
En esa ciudad hay una preocupación especial con la trata de personas, afirma Sofía de Robina, del área Internacional del Centro Prodh. “Pero lo que hemos visto desde el Prodh es que muchas veces cuando hay un delito de alto impacto y una exigencia social (de frenarlo), lo que se hace es tratar de dar resultados pero de forma falsa: crear procesos, fabricar pruebas y culpables. Eso vimos acá con la trata, lo que se hizo fue detener a quienes estaban en posición de mayor vulnerabilidad, que eran las mujeres migrantes”, explica.
A los casos de Guadalupe y Rosa Elvia se suma el de Lilian Elizabeth Aguilar, de 42 años y nacionalidad guatemalteca. Ella se dedicaba a la venta de comida y refrescos en la Aduana 2, en Tecún, Umán, frontera entre Guatemala y México. Un día su sobrina desapareció, Lilian supo que la había enganchado un hombre y se la había llevado a Metapa, Chiapas.
En cuanto supo de su paradero, fue a buscarla. La encontró en una casa particular, donde había más mujeres. Estaban custodiadas por un hombre y una mujer, que le impidieron el paso y la corrieron del lugar. Llegó la policía y le pidieron que presentara una denuncia para sacar una orden de cateo.
Lilian se dirigió primero al Consulado de Guatemala en Ciudad Hidalgo. Ahí la enviaron a la Fiscalía de Atención al Migrante en Tapachula. El licenciado que la atendió le solicitó que firmara unos documentos para realizar el cateo. Sin saber leer ni escribir, firmó. A los 15 días la llamaron para decirle que ya tenían a su sobrina. Al llegar a la fiscalía ya no la dejaron salir, le dijeron que estaba detenida por trata de personas.
En la prisión de Tapachula, las seis mujeres del informe de estas organizaciones de derechos humanos se encontraron y se reconocieron como víctimas. Unas a otras se dieron ánimos mientras recuperaban su libertad con la ayuda de los organismos de derechos humanos. Hoy todas ellas están libres, pero en condiciones precarias.
“Fueron liberadas, la mayoría, a través de una figura que se llama Mesa de Reconciliación –explica de Robina, del Prodh–, un mecanismo que permite que personas condenadas o en proceso (bajo ciertas irregularidades) puedan salir libres. Pero salen con sentencias condenatorias en su contra, lo que provoca que salgan en una condición de mayor discriminación y vulnerabilidad”, asegura.
La abogada agrega que “en estos casos completamente construidos y armados por la policía, lo que no vemos es que haya investigación de autoridades involucradas o de flujos de dinero asociados al delito de trata. No investigan quiénes son los dueños de los bares, por ejemplo. No se van a las causas del fenómeno y lo que hacen es criminalizar a quien está a la mano y en situación de mayor indefensión”.
Resarcir el daño
En los días fríos, Guadalupe se despierta con un dolor en el brazo derecho, que no la deja sujetar objetos ni hacer maniobras simples. La aqueja también una tos, esa sí de todos los días, y un dolor general en el cuerpo. No puede barrer, lavar los platos o trapear. No puede trabajar en lo que era su modo de vida antes de ir a prisión: hacer mandados aquí y allá, lavar ropa, y limpiar en un bar de Motozintla.
Con esos padecimientos quedó después de los dos años y ocho meses presa. Trata de aliviar sus dolores con tés de manzanilla, de hierbabuena, epazote o jarabes para la tos. No puede ir al médico porque no tiene seguridad social y gana apenas 30 o 50 pesos al día con lo que vende de verdura en un mercado, donde los comerciantes son muchos y los clientes pocos.
Tras salir de prisión con sentencia absolutoria, quiere demandar al Estado mexicano por lo que le hicieron, pero no tiene para pagar un abogado que le ayude en el proceso. Así que se concentra en vender sus verduras y en trabajar, junto con tres de sus hijos, para sostener los estudios del menor, de 17 años, pero sobre todo de su hija Gloria, de 24, quien truncó su carrera de enfermería tras contraer pulmonía mientras su madre estaba en prisión.
“Ella me dice –cuenta Guadalupe– que quiere acabar su carrera de enfermería, que quiere estudiar, que no se quiere quedar así. Pero tuvo que repetir un año y entrar a una escuela pagada, porque no alcanzó lugar en una pública. Pagamos 2 mil pesos al mes, entre todos, y con la beca del niño más chico”.
Gloría no puede trabajar y estudiar porque está enferma y todavía le faltan dos años. “Y luego no hay sueldo, no hay forma de ganar ese dinero, y nadie me ayuda. Me dejaron libre porque el juez de Motozintla no me encontró culpable –subraya Guadalupe– pero no me ayudaron en nada para recuperarme ni para resarcir el daño”.
