Rosario Robles emitió este viernes su postura acerca de la nota publicada por Animal Político el pasado miércoles 10 de enero, con el título “Con Robles y Meade hubo desvíos al estilo Estafa Maestra por 540 mdp en Sedesol, revela Auditoría”.
A continuación reproducimos su réplica y presentamos también la respuesta de Animal Político:
En torno a la información que publicó recientemente el sitio web Animal Político sobre convenios de SEDESOL con tres universidades en 2015, me permito hacer las siguientes precisiones.
Desde antes de la publicación de su primer reportaje al respecto, les entregamos personalmente toda la información con base a los procedimientos legales referentes a este caso en la que se demuestra que se actuó con apego a derecho y de forma transparente.
Desafortunadamente esta información no fue tomada en cuenta. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó y auditó los ejercicios fiscales 2013 y 2014 de la SEDESOL concluyendo que los convenios y los procesos administrativos derivados de estos, se desarrollaron bajo los términos establecidos en la legislación.
Incluso, al atender las observaciones de la propia ASF, SEDESOL presentó las actas finiquito de los contratos con las universidades, concluyendo así el proceso de revisión y auditoría.
En torno a la cuenta pública de 2015 está en proceso de análisis.
No es verdad que el dinero haya desaparecido. SEDESOL entregó el mismo a una institución y recibió a cambio un servicio. Decir “buena parte del dinero simplemente desapareció” no se apega a lo que informa la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF). También consta el uso y destino que le dieron esas instituciones.
La misma nota refiere los nombres de las empresas e instituciones con las que se firmaron los convenios de colaboración.
Actualmente existe un proceso abierto en el que se indaga si la supervisión de SEDESOL y la calidad de los entregables son los adecuados, pero de ninguna forma se desconoce el destino de los recursos. En los casos en que los servicios convenidos no sean cumplidos se atenderá a las sanciones de los responsables.
Reitero que soy la primera interesada en que se concluyan las investigaciones y exista un dictamen al respecto.
ATENTAMENTE
Rosario Robles Berlanga.
Respuesta del equipo de Animal Político
La nota se sustenta en el informe de resultados de la auditoría financiera 277-DS que concluyó en tres denuncias penales que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso ante la Procuraduría General de la República, tal como dice el texto publicado. Todas las presuntas irregularidades descritas en lo publicado son las reportadas por las auditorías. No son aseveraciones ni conclusiones de este medio de comunicación.
El documento de la auditoría claramente señala que en dos de los tres convenios denunciados, las universidades Politécnica de Chiapas e Intercultural del Estado de México recibieron el total del recurso pactado con la Secretaría de Desarrollo Social, pero éstas, a su vez, subcontrataron con terceros los servicios, pero pagando una cantidad inferior a la recibida. De ahí que se haya cometido un presunto fraude al erario pues no hay explicación respecto a la diferencia entre lo pagado por Sedesol y lo facturado con terceros.
A continuación se trascriben textualmente las conclusiones de la ASF sobre las diferencias del dinero en estos dos casos:
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto total de 121,600,000.00 pesos (ciento veintiún millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) derivado de que la Universidad Politécnica de Chiapas subcontrató con un proveedor de servicios la totalidad de los servicios convenidos con la Secretaría de Desarrollo Social mediante el Primer Convenio Específico número 710.33901.13/2015 y el Segundo Convenio Específico número 710.33901.14/2015, consistentes en el Servicio Integral de Supervisión, Monitoreo, Control y Mejora de los Comedores Comunitarios del Estado de México en diversos municipios, de lo cual recibió como pago 400,000,000.00 pesos (cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.) por la presentación del primer entregable y ésta, a su vez, pagó al proveedor que realizó el servicio encomendado por la Secretaría de Desarrollo Social la cantidad de 278,400,000.00 pesos (doscientos setenta y ocho millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.).”
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto total de 62,877,192.00 pesos (sesenta y dos millones ochocientos setenta y siete mil ciento noventa y dos pesos 00/100 M.N.) derivado de que la Universidad Intercultural del Estado de México subcontrató con dos prestadores de servicio la totalidad de los servicios convenidos con la Secretaría de Desarrollo Social mediante el convenio de coordinación núm. UCD/33901/010/2015 consistentes en el Servicio integral de aplicación de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semiurbanas para la identificación y localización de pobres extremos alimentarios, en las 32 entidades federativas del país, conforme a los términos y condiciones indicados en su anexo técnico por lo cual recibió como pago la cantidad de 124,100,000.00 pesos (ciento veinticuatro millones, cien mil pesos 00/100 M.N.) y ésta a su vez pagó a los prestadores del servicio que realizaron el trabajo encomendado por la Secretaría de Desarrollo Social la cantidad de 61,222,808.00 pesos (sesenta y un millones doscientos veintidós mil ochocientos ocho pesos 00/100 M.N.).”
La nota señala que desapareció parte del dinero porque en las conclusiones los auditores señalan que no se ha identificado qué ocurrió con el monto de diferencia entre lo pagado por Sedesol y lo facturado con terceros.
Finalmente se reitera que las auditorías aludidas en la nota ya se convirtieron en denuncias penales interpuestas por la ASF ante la PGR luego de que la información entregada por SEDESOL y por las universidades no solventó las irregularidades que advierten los auditores.
