El Gobierno Federal informó a la Cámara de Diputados, que en el caso de la “Estafa Maestra”, destapado a través de investigaciones periodísticas y revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Procuraduría General de la República (PGR) inició, entre septiembre de 2016 y septiembre de este 2017, nueve investigaciones.
En el paquete de respuestas a las 83 preguntas parlamentarias formuladas por los congresistas con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, el Ejecutivo añadió que una de las nueve denuncias interpuestas por esos hechos, fue presentada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Añadió que se han llevado a cabo una serie de diligencias que incluyen seis comparecencias, tres de testigos y otras tres de “probables responsables”, aunado a que se han hecho solicitudes de información y documentación al Servicio de Administración Tributaria (SAT), sobre las empresas implicadas.
A petición de los diputados federales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Movimiento Ciudadano (MC), que demandaron conocer los avances en las indagatorias abiertas a partir de denuncias de la Auditoría Superior, y que involucrarían a dependencias federales, universidades públicas y “empresas fantasma”, Presidencia les dio a conocer una lista de 16 puntos y algunos otros datos.
También notificó sobre las medidas tomadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), entre las que se encuentran sanciones aplicadas a tres servidores públicos, los procedimientos administrativos abiertos contra otros ocho sujetos, y las investigaciones en torno a otras 44 personas más.
Al afirmar que las indagatorias están en marcha para determinar las responsabilidades administrativas de quienes resulten involucrados sin importar su nivel jerárquico, el gobierno agregó que si es el caso, habrá sanciones.
Refrendó que la PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, ha recibido nueve denuncias al respecto, ocho por parte de la ASF, y una más de la SEP.
A raíz de tales denuncias, se iniciaron indagatorias contra funcionarios públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, en seis expedientes; de la SEP, en una indagatoria; del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, en otra indagatoria; del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, en una averiguación más; de la Universidad Autónoma de Morelos, en cuatro expedientes; y de la Universidad Autónoma del Estado de México, en cinco expedientes.
Aunado a las comparecencias de los presuntos involucrados, se han llevado a cabo 12 inspecciones ministeriales a los domicilios reportados por las empresas relacionadas, abundó.
Asimismo, se han enviado ocho solicitudes de información al SAT; cuatro a la Policía Federal Ministerial; y más peticiones de datos y aclaraciones a la ASF.
También se hicieron 16 revisiones y análisis en materia de contabilidad, por parte de la PGR, a toda la documentación bancaria disponible, refirió.
Se han realizado cuatro dictámenes periciales en materia de fotografía forense; y tres en materia de criminalística de campo.
De igual modo, se hicieron peticiones de información y documentación a la SEDESOL, como una de las dependencias involucradas.
Se llevaron a cabo cuatro ampliaciones de declaraciones de probables responsables; así como cuatro ampliaciones de declaraciones de representantes legales de las empresas implicadas.
Se formuló una solicitud de información al Instituto Nacional de Migración; se hicieron dos peticiones de información al Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC); cuatro más a diversas notarías públicas; siete solicitudes al SAT, sobre los consorcios involucrados; y tres solicitudes de información a la Secretaría de Economía, sobre las empresas vinculadas a las indagatorias, agregó.
