La iniciativa de nueva Constitución Política para Oaxaca, promovida por el gobernador Salomón Jara Cruz como una refundación intercultural del Estado, enfrentó un severo escrutinio técnico en el Senado de la República, donde académicos y juristas advirtieron que la brecha entre la retórica de derechos y los mecanismos reales para cumplirlos amenaza con volver inoperante el proyecto.
Durante el foro Innovación e interculturalidad en la nueva Constitución de Oaxaca, convocado el martes 17 de noviembre por el senador Antonino Morales Toledo, mientras legisladores locales defendieron que la propuesta actualiza el texto de 1922 tras recorridos municipales y encuentros regionales, especialistas de la UNAM, UAM, BUAP y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) apuntaron fallas estructurales en el diseño normativo.
La tensión central quedó resumida por el doctor Raúl Ávila Ortiz, exintegrante de la mesa redactora, al advertir sobre el peligro de aprobar una norma meramente declarativa: “No hacer una Constitución que sea un conjunto de deseos que no se puedan cumplir, pero tampoco una Constitución que sea un reglamento que traiga todas las especificaciones de cómo se va a cumplir”.
Según los señalamientos en la Cámara alta, el articulado promete un amplio catálogo social al recortar el texto a 81 artículos, pero omite las herramientas jurídicas y financieras para que la ciudadanía pueda exigir esos derechos.
CONSULTA INDÍGENA: PARTICIPACIÓN SIN GARANTÍA DE DECISIÓN
Expertos señalaron una omisión determinante: el proyecto no aclara cuándo el consentimiento indígena es vinculante. En un estado con 418 municipios regidos por Sistemas Normativos Indígenas, Jorge Reyes Negrete (UATx/BUAP) advirtió que, sin obligatoriedad expresa, la consulta puede reducirse a un trámite administrativo sin deber de acatar ni justificar rechazos.
Por su parte, Armando Hernández Cruz (UNAM) planteó incorporar el “deber de acomodo” para exigir que las autoridades fundamenten públicamente qué demandas integraron o desecharon.
Al cierre, el senador Antonino Morales reconoció requisitos bajo observación: “La consulta tiene que respetar el tiempo de los pueblos; hace falta información comprensible, espacios para deliberar y una vía para que las observaciones lleguen a quienes tienen la responsabilidad de revisar el texto”. Fuera del Senado, especialistas en derecho indígena advirtieron que “un foro no es una consulta indígena”, señalando que fallas en la consulta previa, libre e informada exponen la reforma a ser invalidada en tribunales federales.
PUEBLO AFROMEXICANO: CONTRADICCIÓN NORMATIVA Y REPARACIÓN SIN CONTENIDO
Otro foco de crítica apuntó a la técnica legislativa aplicada a comunidades afromexicanas. Socorro Apreza Salgado (UNAM) documentó una contradicción interna: el artículo 18.2 diferencia a las comunidades indígenas de las afromexicanas, pero el artículo 19.3 subsume a estas últimas dentro de los pueblos indígenas. Para la jurista, esto genera incertidumbre en políticas públicas, presupuestos y titularidad de derechos colectivos. Asimismo, cuestionó incluir la “reparación histórica” sin obligaciones concretas de restitución de tierras y territorios, apertura de archivos, rescate de memoria o representación política efectiva.
DERECHOS AMPLIADOS SIN RESPALDO PRESUPUESTAL NI LEY REGLAMENTARIA
El proyecto enuncia derechos de alta inversión —vivienda culturalmente adecuada, salud intercultural, medicina tradicional, partería, alimentación pertinente e intérpretes y peritos especializados en juicios—, pero omite su costo, origen presupuestal y autoridades responsables.
Juan Carlos Silva Adaya, visitador judicial del TEPJF, advirtió que, sin presupuesto pluricultural y pisos mínimos de financiamiento, estas normas quedarán en “meras expresiones programáticas.
Se suma un rezago admitido por Ávila Ortiz: Oaxaca carece desde 2011 de una ley de promoción y garantía de los derechos humanos, perpetuando la descoordinación institucional
DECISIONES INTERNAS SIN ACTAS PÚBLICAS Y AGENDAS EXCLUIDAS
La transparencia quedó en entredicho cuando Raúl Ávila Ortiz relató cómo se definieron los contenidos finales: propuso crear un Parlamento Intercultural anual, pero fue descartado internamente: “Perdí la votación” y “en la propuesta final ya no apareció”. Esto contrastó con la presentación oficial del texto como fruto de encuestas y 25 encuentros regionales, evidenciando una selección final sin actas públicas ni explicación a las comunidades.
Los panelistas exhibieron además omisiones relevantes:
Frontera digital e inteligencia artificial: Falta de protección a lenguas originarias y saberes tradicionales ante el extractivismo de datos e IA, y ausencia de infraestructura digital comunitaria.
Discapacidad y grupos vulnerables: Mario Alfredo Hernández Sánchez (UAM Azcapotzalco) alertó sobre la falta de garantías contra la institucionalización forzada de personas con discapacidad psicosocial, y vacíos sobre lengua de señas mexicana y personas jornaleras agrícolas.
Libertad de expresión y medios comunitarios: La protección al periodismo quedó casi fuera del debate; el proyecto dedica solo un párrafo final en el apartado A del artículo 8 a periodistas en riesgo conforme a leyes secundarias, sin deberes específicos de prevención, investigación, sanción y reparación, sin mención a radios comunitarias e indígenas ni límites a la publicidad oficial discrecional.




































