Medicamentos que deberían entregarse gratuitamente a los pacientes del sistema público de salud terminan, en algunos casos, a la venta fuera de hospitales y centros médicos. El propio Gobierno federal reconoció esta práctica. Además, anunció nuevas medidas para identificar los productos desviados y rastrear su distribución.
Durante la conferencia matutina de este martes 20 de octubre, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, admitió que existen casos documentados de medicamentos del sector público que son sustraídos para comercializarse de manera ilegal. E incluso, algunos son vendidos en las inmediaciones de hospitales.
El funcionario aclaró que esta práctica no puede atribuirse de manera general al personal médico o de enfermería. Pero, reconoció que hay expedientes que requieren investigación para determinar cómo los fármacos salen de las instituciones y quiénes participan en su venta.
El reconocimiento pone sobre la mesa un problema que afecta directamente a los pacientes: mientras algunas personas esperan sus tratamientos en las unidades médicas, ciertos productos destinados a la atención gratuita podrían terminar en circuitos de comercialización irregular.
MEDICAMENTOS GRATUITOS, A LA VENTA FUERA DE LOS HOSPITALES
Clark explicó que las autoridades tienen conocimiento de medicamentos identificados como propiedad exclusiva del sector salud que aparecen a la venta fuera de las instituciones públicas.
Se trata de productos que, por su origen, deben destinarse a los pacientes atendidos en el sistema público y no comercializarse de manera particular.
El subsecretario insistió en que el desabasto no debe responsabilizarse indiscriminadamente a médicos, enfermeras ni al resto de los trabajadores sanitarios. Sin embargo, reconoció la existencia de casos de sustracción y venta ilegal que deben investigarse.
La distinción es relevante: una cosa es el faltante de medicamentos en las unidades médicas y otra, el posible desvío de insumos que ya fueron adquiridos por el Estado. Para determinar qué tanto influye esta práctica en el desabasto, se necesitan datos sobre los casos detectados, los volúmenes involucrados y las responsabilidades acreditadas.
Hasta el momento, la información presentada no precisa cuántos expedientes existen, qué instituciones han registrado estos hechos ni el valor económico de los medicamentos presuntamente desviados.
MARCARÁN LAS CAJAS PARA IDENTIFICAR SU VENTA ILEGAL
Como primera medida, el Gobierno federal colocará una identificación visible en las cajas de los medicamentos gratuitos distribuidos por el sistema público de salud.
El distintivo incluirá la leyenda:
“La salud es un derecho, medicamento gratuito”, con el propósito de dejar claro que los productos fueron proporcionados sin costo por el Estado y no deben venderse.
Clark pidió a la ciudadanía reportar los medicamentos que encuentren en tianguis o farmacias privadas con esta identificación.
La estrategia busca facilitar la detección de productos que podrían haber salido irregularmente de hospitales y centros de salud. No obstante, su efectividad dependerá de que existan mecanismos accesibles para presentar denuncias, verificar los reportes y dar seguimiento a los posibles responsables.
La identificación permitirá reconocer el origen público de los fármacos, pero por sí sola no resolverá el problema: será necesario investigar cómo salieron de las instituciones, quién autorizó o permitió su movimiento y dónde se rompieron los controles.
DIGITALIZARÁN EL RASTREO DE MEDICAMENTOS
La segunda medida anunciada consiste en digitalizar el seguimiento de los medicamentos, desde su adquisición hasta su distribución y entrega.
Según explicó el subsecretario, el sistema permitirá conocer a qué unidades médicas se enviaron los lotes. Además, facilitará la identificación de posibles irregularidades en su recorrido.
En el caso de tratamientos de alto costo, el rastreo podría llegar hasta la caja entregada a un paciente específico. Lo que ayudaría a investigar cómo un producto terminó fuera de la institución correspondiente.
Clark señaló que algunos medicamentos superan los 200 mil pesos por caja. Una cifra que dimensiona el valor económico de los insumos que deben mantenerse bajo control.
La trazabilidad podría convertirse en una herramienta para detectar desvíos, pero sus resultados dependerán de la calidad de los registros, la actualización de la información y la capacidad de las autoridades para actuar cuando se identifiquen anomalías.
EL RETO: QUE LAS IRREGULARIDADES NO QUEDEN IMPUNES
El reconocimiento de la venta ilegal de medicamentos públicos abre preguntas sobre la vigilancia en hospitales, los controles de inventario y la supervisión de los procesos de entrega.
También plantea la necesidad de transparentar los resultados de las investigaciones: cuántos casos se han documentado, qué cantidades de medicamentos fueron recuperadas, si existen servidores públicos involucrados y qué sanciones se han aplicado cuando se acreditan responsabilidades.
Las medidas anunciadas buscan reforzar la identificación y el seguimiento de los productos. Pero, todavía será necesario conocer sus alcances y resultados para determinar si consiguen reducir el desvío.
Mientras tanto, el Gobierno federal enfrenta el desafío de garantizar que los medicamentos adquiridos con recursos públicos lleguen a quienes los necesitan y no terminen en un mercado irregular.
Para los pacientes, el problema no se limita a una caja vendida ilegalmente: puede significar una receta sin surtir, un tratamiento interrumpido o una nueva espera para recibir atención. Por ello, además de identificar los productos desviados, será fundamental que las investigaciones permitan establecer responsabilidades y corregir las fallas que facilitan estas prácticas.
