GUADALAJARA, JALISCO.— El operativo policial que convirtió en un enfrentamiento la protesta por agua limpia en Guadalajara ya tiene consecuencias dentro de la Secretaría de Seguridad de Jalisco: 17 elementos fueron identificados por presuntamente actuar fuera de los protocolos y hacer uso indebido de la fuerza contra manifestantes.
Juan Pablo Hernández González, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE), informó este jueves que los agentes fueron citados para rendir declaración ante el área de Asuntos Internos, luego de una revisión que incluyó más de 200 videos y comparecencias de integrantes de la corporación.
La investigación se inició por instrucciones del gobernador Pablo Lemus Navarro, tras los hechos ocurridos el domingo 11 de octubre, cuando una movilización ciudadana para exigir agua potable de calidad terminó con el uso de gas lacrimógeno, cañones hídricos y dispositivos aturdidores frente a Casa Jalisco.
El caso abre dos frentes: esclarecer si los policías incurrieron en excesos durante la dispersión de la protesta y determinar las responsabilidades por los enfrentamientos que dejaron decenas de personas atendidas médicamente, policías lesionados y manifestantes detenidos.
“NINGUNA FALTA O EXCESO QUEDARÁ SIN RESPUESTA”
Durante su comparecencia ante los medios, Hernández González reconoció que algunos integrantes de la corporación habrían actuado de manera incompatible con los principios de actuación policial.
“Esta revisión (…) nos ha permitido al día de hoy tener 17 compañeras y compañeros que presuntamente actuaron fuera de los protocolos, reaccionaron de forma desproporcionada y, al parecer, hicieron uso indebido de la fuerza”, declaró.
El funcionario agregó que esas conductas no corresponden a la formación ni a los valores que, afirmó, promueve la dependencia.
Aunque los 17 elementos ya fueron identificados, la investigación sigue en curso. Por ahora, no se ha informado que hayan sido sancionados de manera definitiva ni que exista una resolución que determine la responsabilidad individual de cada uno.
El secretario advirtió que las consecuencias podrían ir desde una amonestación hasta la separación del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos y del grado de responsabilidad que se acredite.
“Les digo a las y los jaliscienses que ninguna falta o exceso que se haya cometido por parte de las y los compañeros, incluidos los mandos, quedará sin respuesta”, sostuvo.
También reiteró la política de “cero tolerancia” para los agentes que no hayan cumplido con su obligación de proteger a quienes ejercían su derecho a manifestarse.
UNA PROTESTA POR AGUA CONTAMINADA TERMINÓ ENTRE GASES Y DETENCIONES
La movilización del 11 de octubre reunió a habitantes inconformes con la calidad del agua que reciben en sus hogares. Los manifestantes denunciaron que durante meses han salido de las llaves líquidos de color café y con olor desagradable en distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Entre las zonas señaladas en los reportes se encuentran Centro, Atlas, Jardines de la Cruz y La Minerva. De acuerdo con la información difundida sobre el movimiento, las quejas abarcan cerca de un centenar de colonias.
La marcha partió de la glorieta de La Minerva y avanzó durante casi dos horas hasta las inmediaciones de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador.
Según la reconstrucción de los hechos, buena parte del recorrido transcurrió de manera pacífica. Sin embargo, al llegar al inmueble, un grupo de asistentes derribó las vallas instaladas para resguardar el lugar y posteriormente comenzaron los enfrentamientos con los policías antimotines.
Las autoridades señalaron que algunos participantes arrojaron objetos contra los agentes y que alrededor de 400 personas ajenas a la protesta los agredieron después del mediodía. Los manifestantes, por su parte, denunciaron detenciones arbitrarias y un uso excesivo de la fuerza.
El contexto es relevante para la investigación: esclarecer las agresiones contra los policías no elimina la obligación de revisar si la respuesta de los agentes fue proporcional y se ajustó a los protocolos.
EL SALDO: POLICÍAS LESIONADOS, CIVILES ATENDIDOS Y 39 DETENIDOS
El Gobierno de Jalisco reportó 39 personas detenidas, 28 policías lesionados —dos de ellos de gravedad— y 31 civiles que recibieron atención médica.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía estatal por presuntos delitos relacionados con ataques a las vías de comunicación, lesiones y agresiones contra representantes de la autoridad. Más de 30 recuperaron su libertad, aunque las carpetas de investigación permanecían abiertas, de acuerdo con la información proporcionada.
Las cifras reflejan la dimensión del enfrentamiento, pero no resuelven por sí solas las preguntas sobre lo ocurrido durante el operativo. Será necesario establecer quiénes participaron en las agresiones, cómo se utilizaron los dispositivos de dispersión y si hubo personas lesionadas como consecuencia de actuaciones policiales indebidas.
La revisión interna deberá considerar tanto las imágenes disponibles como los testimonios, los partes de servicio y los registros médicos que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos.
DERECHOS HUMANOS TAMBIÉN INVESTIGA EL OPERATIVO
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió 41 actas de investigación relacionadas con los acontecimientos y dictó medidas cautelares para procurar atención médica y respeto a los derechos de las personas detenidas.
La intervención del organismo añade una revisión distinta a la investigación administrativa de la Secretaría de Seguridad. Mientras Asuntos Internos examina el comportamiento de los agentes y las posibles sanciones, la comisión debe analizar los posibles actos violatorios de derechos humanos dentro de su ámbito de competencia.
Ambos procesos serán importantes para determinar si hubo detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza u otras irregularidades durante la movilización.
La existencia de investigaciones abiertas no equivale a una resolución sobre responsabilidades, pero obliga a las instituciones a documentar sus actuaciones y ofrecer explicaciones sustentadas en pruebas.
PIDEN A LA CIUDADANÍA ENTREGAR VIDEOS
Hernández González solicitó a los habitantes que cuenten con grabaciones de los enfrentamientos que las compartan con la Dirección de Asuntos Internos, a fin de incorporarlas a los expedientes y ampliar la revisión de lo ocurrido.
Los materiales pueden enviarse a través de los siguientes canales:
Teléfono: 33 36 68 79 00, extensión 18069.
Correo electrónico: [email protected].
Las grabaciones ciudadanas pueden contribuir a reconstruir los momentos de mayor tensión, identificar actuaciones individuales y contrastar las distintas versiones sobre el operativo.
LA INVESTIGACIÓN POLICIAL NO RESUELVE LA CRISIS DEL AGUA
El señalamiento contra 17 policías representa un avance en la revisión de los hechos, pero todavía falta conocer las conclusiones de los expedientes y las sanciones que, en su caso, correspondan.
Al mismo tiempo, el origen de la movilización permanece vigente: la exigencia ciudadana de recibir agua limpia y segura en sus hogares.
La respuesta institucional tendrá que atender ambos asuntos. Por un lado, esclarecer las actuaciones policiales y garantizar que cualquier responsabilidad se determine con pruebas; por otro, ofrecer información verificable sobre las denuncias relacionadas con la calidad del agua y las medidas para resolverlas.
La protesta puso en evidencia una tensión que no puede reducirse a los enfrentamientos frente a Casa Jalisco: la ciudadanía reclama un servicio básico, mientras las autoridades deben demostrar que pueden responder a esas exigencias sin vulnerar el derecho a la manifestación.
Por ahora, los 17 agentes identificados deberán explicar su actuación ante Asuntos Internos. La investigación determinará si incurrieron en faltas y qué consecuencias enfrentarán. La promesa del secretario de que “ninguna falta o exceso quedará sin respuesta” tendrá que traducirse en resultados verificables.
