La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó de manera condicionada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Parque Eólico IGU, promovido por Atlantica Sustainable Infrastructure, proyecto que contempla la instalación de 17 aerogeneradores entre los municipios de Juchitán de Zaragoza y Santa María Xadani, en el Istmo de Tehuantepec.
La autorización, correspondiente al proyecto con clave 20OA2026E0003, establece diversas condicionantes antes del inicio de las obras. De acuerdo con el análisis de GeoComunes, la resolución mantiene interrogantes sobre el acceso a información relacionada con los impactos sociales y ambientales del proyecto.
En enero de 2026, la empresa británica Atlantica Sustainable Infrastructure ingresó ante la Semarnat una Manifestación de Impacto Ambiental para desarrollar un nuevo proyecto energético en el de Tehuantepec denominado “Parque Eólico IGU”. La firma cuenta con ocho proyectos en México, de los cuales seis son fotovoltaicos y dos eólicos.
La propuesta intenta instalar el parque entre los municipios de Juchitán de Zaragoza y Santa María Xadani, en una zona que originalmente estaba destinada al proyecto Bii Sti Uguu, el cual fue cancelado. Con esta nueva iniciativa se busca aprovechar el potencial eólico de la región con infraestructura de mayor escala.
Uno de los principales cuestionamientos se refiere a la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE). La Ley del Sector Eléctrico establece que la Secretaría de Energía debe poner estos documentos a disposición del público y que la solicitud de autorización debe incluir una versión pública de la manifestación. GeoComunes señala, sin embargo, que no existe una plataforma pública equivalente a la utilizada por Semarnat para consultar las MIA durante su proceso de evaluación, situación que, a su juicio, limita la participación de las comunidades potencialmente afectadas.
El proyecto ocuparía una superficie de 645 hectáreas: 451 en Juchitán y 194 en Santa María Xadani. GeoComunes también ha planteado interrogantes sobre el régimen agrario de los terrenos donde pretende desarrollarse, debido a los antecedentes de litigios sobre tierras comunales y contratos de arrendamiento utilizados por empresas eólicas en la región.
Otro punto de preocupación son las dimensiones de la infraestructura. El proyecto contempla aerogeneradores de 119 metros de altura, con un área barrida por las palas de 162 metros y una capacidad de 6.5 megawatts cada uno, para una capacidad total prevista de 100 MW. El colectivo sostiene que se trata de dimensiones mayores a las de los aerogeneradores instalados anteriormente en la región.
Entre las condicionantes ambientales se incluyen la elaboración de un estudio hidrológico previo al inicio de las obras y un programa para conservar los escurrimientos superficiales, garantizar la continuidad de los flujos y favorecer la recarga natural del acuífero. Para GeoComunes, estos requisitos hacen necesario que la información sobre posibles modificaciones de los flujos de agua sea accesible a las poblaciones que dependen de ellos.
De acuerdo con la organización Educa, el Parque Eólico IGU “se incorpora así a la expansión de proyectos energéticos en el Istmo. Organizaciones y colectivos han advertido que la nueva infraestructura debe analizarse también a la luz de los conflictos agrarios, sociales y ambientales acumulados durante décadas de desarrollo eólico en la región”, indicó.
