El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, se desmarcó de las investigaciones federales que, de acuerdo con reportes periodísticos, involucran a su hermano Noé Jara. Además, rechazó que desde su administración exista protección para familiares o funcionarios señalados por posibles actos ilícitos.
Durante su conferencia de prensa de este lunes en Palacio de Gobierno, el mandatario aseguró que su hermano se puso voluntariamente a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Esto, ante los señalamientos difundidos recientemente sobre presuntos vínculos con delincuencia organizada y con un grupo sindical identificado como SAEO.
“Si hay algo que investigar, lo hará la federación”, respondió Jara al ser cuestionado sobre el caso.
El gobernador sostuvo que no tiene facultades para determinar responsabilidades. Por otra parte, pidió que cualquier señalamiento relacionado con su hermano sea planteado ante la autoridad ministerial correspondiente.
“Cualquier pregunta sobre sus relaciones y responsabilidades deben hacerse allá, a esa ventanilla, la Fiscalía, porque yo no soy fiscal”, afirmó.
PROMETE NO ENCUBRIR A FAMILIARES NI FUNCIONARIOS
Jara fue enfático al asegurar que el parentesco no será un argumento para impedir una investigación.
“Si cualquier familiar mío, un hijo, una hija, comete un delito, no lo vamos a encubrir a nadie”, sostuvo.
La declaración ocurre en medio de cuestionamientos públicos sobre presuntas relaciones de Noé Jara con estructuras criminales. Hasta ahora, esos señalamientos no equivalen por sí mismos a una responsabilidad penal acreditada. Por lo que, corresponderá a las autoridades competentes determinar si existen elementos para fincar alguna responsabilidad.
El mandatario también extendió su postura al resto de los integrantes de su administración y a otros actores políticos.
“Nuestro gobierno no protege ni protegerá a nadie, ni familiares, ni presidentes municipales, ni legisladores o integrantes del gabinete, a nadie”, afirmó.
Incluso remató su respuesta con una expresión destinada a marcar distancia respecto de las actuaciones personales de quienes forman parte de su entorno político y familiar:
“Ya todos saben caminar, ya todos saben pensar, ya todos saben comer, ya no se les da en la boquita”.
EL CASO DE EMILIO MONTERO TAMBIÉN LLEGA A LA CONFERENCIA
El segundo cuestionamiento estuvo dirigido a Emilio Montero, a quien publicaciones recientes han relacionado con el entorno político del exalcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, y con presuntos vínculos con grupos delictivos que operan en esa región.
La pregunta al gobernador fue directa: si tenía conocimiento sobre el paradero de Montero y si sabía si también era objeto de investigaciones estatales o federales.
Jara evitó confirmar si existe una investigación específica en su contra o si se encuentra localizable. Además, se limitó a señalar que los casos que correspondan serán revisados por las autoridades.
“Se van a investigar todos los casos que hayan ocurrido en el tiempo”, respondió.
El gobernador reiteró que la revisión no deberá limitarse a un determinado grupo político o periodo de gobierno.
“Ni familiares, ni presidentes municipales, ni legisladores, ni integrantes del gabinete de hoy y de ayer no van a estar fuera de la ley”, declaró.
LA RESPONSABILIDAD, EN MANOS DE LAS FISCALÍAS
La postura expresada por Jara coloca la investigación de estos señalamientos en manos de las autoridades ministeriales. Mientras tanto, como gobernador busca establecer una separación entre las decisiones personales de familiares o funcionarios y la actuación de su administración.
Sobre Emilio Montero, agregó que quien tenga que ser investigado deberá enfrentar el procedimiento correspondiente. Y, anticipó que las fiscalías podrían informar posteriormente sobre posibles casos de corrupción u otros delitos relacionados con funcionarios.
“Quien tenga que estar investigado se va a tener que investigar”, afirmó.
El punto central, sin embargo, será que cualquier señalamiento pase del terreno mediático al judicial y sea respaldado por investigaciones, pruebas y, en su caso, resoluciones de las autoridades competentes.
Por ahora, el gobernador sostiene que no habrá protección política. Mientras que los nombres mencionados permanecen vinculados a señalamientos e investigaciones que deberán ser esclarecidos por las autoridades.
Finalmente, la declaración también deja una exigencia sobre la mesa: si realmente existe una política de cero tolerancia, los resultados de las investigaciones tendrán que demostrarlo, independientemente de parentescos, cargos públicos o filiaciones políticas.
