Constancia del Rosario, Oaxaca.— Dos adolescentes indígenas de origen triqui, de 16 y 17 años de edad, se encuentran privados de su libertad en el municipio de Constancia del Rosario, luego de que presuntamente fueran sancionados con tres meses de cárcel por haber sido sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas.
El caso ha provocado preocupación entre sus familiares, quienes consideran desproporcionada la medida y demandan que se revise de manera urgente la situación jurídica de los jóvenes. Esto, debido a que ambos son menores de edad y estudiantes de bachillerato.
De acuerdo con la denuncia hecha llegar a este medio, los adolescentes son originarios de Santa Cruz Río Venado y cursan sus estudios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) de El Rastrojo Copala, perteneciente a Santiago Juxtlahuaca.
UNA SANCIÓN QUE PONE EN RIESGO SUS ESTUDIOS
La principal preocupación de las familias es que los tres meses de presunto encarcelamiento terminen afectando de manera irreversible la formación académica de los jóvenes.
Ambos se encuentran inscritos en el nivel medio superior y una ausencia prolongada podría significar la pérdida del ciclo escolar. Además de las consecuencias personales y familiares que implica permanecer privados de la libertad a una edad tan temprana.
Los familiares sostienen que la situación debe ser revisada no solamente desde el punto de vista de la conducta que habría originado la detención, sino también considerando que se trata de adolescentes que cuentan con derechos y requieren un tratamiento diferenciado frente a cualquier procedimiento de carácter sancionador.
SEÑALAN AL PRESIDENTE MUNICIPAL
Los denunciantes responsabilizan directamente al presidente municipal de Constancia del Rosario, Roberto Merino, de haber ordenado el encarcelamiento de los dos jóvenes y de establecer la presunta sanción de tres meses.
Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la versión del presidente municipal. Por lo que estos señalamientos permanecen como una denuncia de los familiares y no como hechos plenamente acreditados.
Tampoco se ha dado a conocer públicamente algún documento que permita establecer cuál fue el procedimiento seguido por la autoridad municipal ni cuál sería el fundamento legal utilizado para imponer la medida.
PIDEN A DERECHOS HUMANOS INTERVENIR
Ante la falta de claridad sobre el procedimiento, los familiares solicitaron la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
La petición consiste en que se verifiquen las condiciones en las que permanecen los adolescentes, se revise si la autoridad municipal actuó dentro de sus atribuciones. Además, se determine si fueron respetados los derechos que corresponden a ambos por su condición de menores de edad.
También pidieron que se garantice su integridad física y emocional mientras se esclarece el caso.
EXIGEN APLICAR JUSTICIA ESPECIALIZADA
Uno de los principales cuestionamientos de los familiares es que los adolescentes sean sometidos a una medida de privación de la libertad sin que, según su versión, se haya explicado públicamente el fundamento de la sanción.
Al tratarse de personas de 16 y 17 años, cualquier procedimiento en su contra debe considerar las disposiciones especiales previstas para adolescentes.
Por ello, sus familiares demandan que, si existe alguna responsabilidad que determinar, ésta sea atendida mediante las autoridades y procedimientos correspondientes, con respeto a las garantías y derechos que les reconoce la legislación.
FALTA UNA EXPLICACIÓN OFICIAL
Hasta ahora, no existe información oficial que permita conocer con precisión las circunstancias de la detención, la autoridad que determinó la medida, el fundamento jurídico de los tres meses de encarcelamiento o si existe algún procedimiento formal ante una instancia especializada.
Tampoco se conoce públicamente la postura del presidente municipal Roberto Merino respecto de los señalamientos realizados por los familiares.
La ausencia de esta información ha alimentado la preocupación de las familias, que exigen una explicación y una revisión del caso.
EL CASO PONE EL FOCO EN LOS DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES
Más allá de las circunstancias que habrían provocado la detención, el caso abre un debate sobre los límites de las sanciones municipales cuando se trata de personas menores de edad.
La condición de adolescentes obliga a que cualquier actuación de la autoridad tenga como prioridad su protección, integridad y derechos. Además de considerar su desarrollo y continuidad educativa.
Por ahora, las familias esperan que las autoridades competentes intervengan y determinen si la medida aplicada fue legal y proporcional.
Mientras tanto, según los últimos reportes, los dos estudiantes permanecen privados de su libertad y con la incertidumbre de si podrán regresar a las aulas. O perderán parte de su formación académica a consecuencia de una sanción cuyo fundamento aún no ha sido explicado públicamente.
