Por una deuda de hace más de 10 años, el municipio de Santa Lucía del Camino enfrenta el embargo del predio en el que se localiza la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y un pozo que surte de agua a varias colonias.
Ante este adeudo, del que señala que no hubo autorización del cabildo ni del congreso local, el presidente municipal, Juan Carlos García Márquez, acudió ante la 66 Legislatura para pedir ayuda y que se proceda en contra del ex edil Galdino Huerta Escudero, a quien acusó de la deuda que ya rebasa los 10 millones de pesos.
Este martes, el concejal de este municipio colindante con la ciudad de Oaxaca acudió al recinto legislativo, donde se reunió con integrantes de la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. Junto a estos ofreció una conferencia de prensa en la que acusó a su antecesor por violar la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Deuda Pública del Estado de Oaxaca, am contraer una deuda millonaria (en ese entonces de 5 millones de pesos) sin el aval del cabildo ni del congreso local.
García Márquez detalló que el conflicto comenzó en el 2015, cuando se firmó un pagaré por 5 millones de pesos a favor de la empresa Soluciones Administrativas y Comerciales Chipe. Al citar al síndico de ese año, García dijo que este fue obligado por Galdino Huerta.
DEMANDA DE PAGO
En ese mismo año, en diciembre de 2015, la empresa demandó al ayuntamiento ante el Juzgado Tercero Civil del Centro exigiendo el pago de los 5 millones más intereses.
El municipio fue notificado en abril de 2016 y quien lo representó legalmente dijo no contar con el dinero para pagar ni con información sobre los bienes municipales para dar en garantía, según lo expuesto por García Márquez.
Tras esto, se decretó el embargo de un terreno municipal de casi una hectárea en el que están la UBR y el pozo que surte a los sectores Pinos, San Diego de los Hornos, Primero de Mayo y Sector Árboles. La sentencia fue dictada en diciembre de 2016 obligando al ayuntamiento a pagar la suerte principal y los intereses moratorios.
El presidente municipal detalló que, sin razón justificada, quien representaba al municipio desistió de las pruebas que se habían ofrecido para defenderlo, por lo que ahora buscan el apoyo del congreso para comprobar la inexistencia del decreto que debería de haber respaldado aquella deuda y con esto anular el embargo.
