Derivado de una petición ciudadana, hecha por un ex trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión para la Cooperación Ambiental del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) obliga al Estado Mexicano a responder por los reiterados derrames de hidrocarburo de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca.
La queja fue presentada el 22 de junio por Aníbal Carrasco Sánchez, extrabajador de Pemex, quien señala que México “está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental respecto al daño ocasionado a las playas, la laguna y el estero aledaños a la refinería de Salina Cruz, operada por Petróleos Mexicanos (Pemex)”.
Hay muertes
En su petición, Carrasco detalla que los derrames no solo han afectado al medio ambiente sino a la población e incluso se han registrado víctimas mortales.
Para el 21 de agosto, fecha de la resolución de la comisión, la refinería ha registrado al menos 65 fugas o derrames desde el año 2022 y hasta el 28 de julio, de acuerdo con los reportes del ayuntamiento.
La petición del extrabajador comenzó a ser revisada desde junio y tuvo que ser reformulada por Carrasco a petición de la comisión, misma que volvió a recibir la queja el 23 de julio con adecuaciones y el pasado 21 de agosto determinó que esta cumple con los criterios para su trámite, por lo que también solicitó una respuesta al Estado Mexicano sobre la aplicación de diversas leyes ambientales, mismas que de acuerdo con la petición fueron omitidas. El plazo para recibir tal respuesta es el 22 de octubre próximo.
Ignoran denuncias
Carrasco “señala que entre 2019 y 2022 reportó estos derrames a sus superiores en Pemex, pero sus denuncias fueron ignoradas. Posteriormente presentó quejas ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos — también denominada Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)— y Pemex misma”. Sin embargo explicó que, “como consecuencia de estas acciones, sufrió diversas represalias”.
En la petición identificada como “Contaminación por hidrocarburos en Salina Cruz”, la Comisión Ambiental comparte que el ex trabajador da cuenta del “vínculo entre los presuntos actos de corrupción y los daños ambientales alegados”. Por ejemplo, que “la supuesta ‘omisión y tolerancia institucional’ fue más allá de la esfera ambiental y que ‘las autoridades fueron omisas a las denuncias presentadas por el suscrito por los actos de corrupción en Pemex’ en relación con los derrames de hidrocarburos en Salina Cruz”.
