A más de un año de que integrantes del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) ocuparan predios ubicados en playa Salchi, Pochutla, bajo el argumento de que las tierras pertenecen a uno de sus adherentes, Miguel Sánchez Hernández, el conflicto continúa sin resolverse.
Posesionarios afectados demandaron una intervención efectiva de los gobiernos federal y estatal para poner fin a la disputa, que mantiene en incertidumbre a propietarios y posesionarios y representa un riesgo para su patrimonio.
El conflicto involucra poco más de 10 hectáreas ubicadas a orilla de playa. De acuerdo con los afectados, la mayoría adquirió los terrenos de quien se ostentaba como propietario, David Ortega del Valle, y cuenta con actas de posesión avaladas por el Comisariado de Bienes Comunales de Pochutla.
Como parte de los intentos por alcanzar una solución, recientemente se realizó una nueva mesa de negociación en la Casa Comunal de Pochutla, con la participación de posesionarios afectados, integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y representantes de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (SEGO).
Aunque integrantes de CODEDI acudieron inicialmente a la reunión, posteriormente se retiraron al argumentar que no se respetó el formato de una reunión a puerta cerrada y que fueron convocadas personas que, según ellos, no son directamente afectadas por el conflicto.
Al término del encuentro, los posesionarios cuestionaron que las autoridades continúen convocando mesas de diálogo sin alcanzar una solución.
Señalaron que han presentado documentación que acredita su posesión, mientras que, afirmaron, Miguel Sánchez Hernández no ha logrado demostrar legalmente su derecho sobre los predios.
“Somos posesionarios y está avalado por el comisariado comunal que todos tenemos títulos de posesión legítimos y legales. Ni el grupo que se escuda en una organización social ni la persona que se ostenta como posesionario han podido demostrar fehacientemente que son poseedores de los terrenos”, sostuvo Cecilia Valderrábano, quien afirmó tener en posesión dos lotes en Salchi.
La posesionaria cuestionó cuánto tiempo más deberán esperar para que las autoridades resuelvan el conflicto y pidió evitar que continúe la ocupación de los terrenos.
De acuerdo con fuentes consultadas, una de las propuestas planteadas por representantes de la organización, a nombre de Miguel Sánchez, sería que éste reciba una indemnización de varios millones de pesos a cambio de liberar los predios que actualmente se encuentran en disputa.
Durante la reunión también generó inconformidad la postura de José Carlos Fuentes Ordaz, enviado de la SEGOB para atender el conflicto, quien evitó pronunciarse ante medios de comunicación sobre la posición del gobierno federal y abandonó el lugar sin emitir declaraciones.
Finalmente, los participantes fueron convocados a una nueva mesa de negociación el próximo 4 de septiembre, en otro intento por alcanzar una solución al conflicto que permanece abierto desde hace más de un año.
