La presunta venta fraudulenta de un terreno valuada en seis millones de pesos llevó a un hombre a enfrentar un proceso penal en Oaxaca, luego de que un juez determinara que existen elementos suficientes para investigar su probable participación en el delito de fraude específico.
El caso se remonta a 2020 y está relacionado con la comercialización de un inmueble ubicado en la colonia Reforma Agraria, en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, donde la víctima habría entregado una fuerte suma de dinero tras ser convencida de que el vendedor era el legítimo propietario del predio.
OFRECIÓ UN TERRENO QUE PRESUNTAMENTE NO LE PERTENECÍA
De acuerdo con las investigaciones integradas en la carpeta del caso, el imputado, identificado como G.J.R.R., habría negociado la venta del inmueble. Por lo que recibido un pago inicial de seis millones de pesos para concretar la operación.
Sin embargo, tiempo después, la persona afectada descubrió que el terreno presuntamente no pertenecía al vendedor. Situación que puso en duda la legalidad de la transacción y motivó la exigencia de la devolución del dinero entregado.
LA VÍCTIMA RECLAMÓ SU DINERO
Tras conocer la presunta irregularidad, la víctima solicitó el reintegro de los recursos aportados para la compraventa.
No obstante, según las indagatorias, el señalado se habría negado a devolver la cantidad recibida. Lo que derivó en un perjuicio económico millonario y en el inicio de acciones legales para esclarecer los hechos.
EJECUTAN ORDEN DE APREHENSIÓN
Como resultado de las investigaciones, las autoridades obtuvieron una orden de aprehensión contra el acusado. La cual fue cumplimentada el pasado 8 de julio de 2026.
Posteriormente, el hombre fue presentado ante la autoridad judicial correspondiente para que se determinara su situación jurídica.
JUEZ ORDENA CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN
Durante la audiencia inicial, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a G.J.R.R. por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico.
Además, la autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se recabarán más datos y elementos que permitan fortalecer o descartar las acusaciones.
El caso continuará su curso legal mientras se desarrollan las diligencias pendientes y se determina la responsabilidad definitiva del imputado.
