Las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero denunciaron una escalada de violencia atribuida al grupo criminal Los Ardillos, al que responsabilizan de ataques armados y con explosivos cometidos en distintos poblados del municipio de Chilapa. Los hechos, ocurridos entre el 6 y el 12 de mayo, dejaron más de dos mil personas desplazadas, además de asesinatos y desapariciones que, aseguran, continúan en la impunidad.
Durante una conferencia organizada por la Misión Civil de Observación-Sexta (MCO-S), autoridades comunitarias y habitantes acusaron al gobierno federal y estatal de minimizar la crisis y reducirla a una disputa entre organizaciones criminales, ignorando el impacto humanitario y territorial que enfrentan los pueblos originarios.
COMUNIDADES ACUSAN ABANDONO Y SIMULACIÓN
Representantes indígenas afirmaron que las autoridades han respondido con indiferencia frente a las denuncias de violencia. Señalaron que la presencia gubernamental en la región suele limitarse a periodos electorales o momentos de alta exposición mediática, mientras las comunidades permanecen sin protección permanente.
En sus intervenciones, habitantes criticaron directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, por no contener la violencia en la entidad y permitir, según denunciaron, que los grupos criminales mantengan control territorial en distintas zonas rurales.
Las comunidades rechazaron además las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien atribuyó el origen del conflicto a enfrentamientos entre Los Ardillos y Los Tlacos. Los pobladores consideran que esa narrativa criminaliza a las víctimas y desvía la atención sobre la responsabilidad del Estado en garantizar seguridad.
SEÑALAN POSIBLES VÍNCULOS ENTRE AUTORIDADES Y CRIMEN ORGANIZADO
En el manifiesto presentado públicamente, las comunidades acusaron a la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carvalho Chino, de presuntamente favorecer al grupo criminal mediante el uso irregular de recursos municipales.
Según las denuncias, fondos públicos que deberían destinarse a obras y servicios para las comunidades indígenas habrían sido utilizados indirectamente para fortalecer las operaciones delictivas mediante la compra de armas y municiones. También reprocharon la falta de diálogo institucional con organizaciones comunitarias no reconocidas oficialmente por el Estado.
Aunque no presentaron pruebas documentales durante la conferencia, los señalamientos reflejan el creciente deterioro de la confianza entre las comunidades y las autoridades locales.
DESPLAZAMIENTO, MIEDO Y TERRITORIOS BAJO AMENAZA
Habitantes de Tula, Alcozacán y Acatlán relataron ataques constantes con armas de alto calibre y explosivos improvisados. Aseguraron que muchas familias abandonaron sus hogares para resguardarse en otras localidades, dejando atrás viviendas, cultivos y pertenencias.
Las comunidades sostienen que la violencia tiene un objetivo más profundo: provocar el despojo territorial y expulsar a los pueblos originarios de sus tierras ancestrales. Bajo esa lectura, consideran que la ofensiva criminal no solo busca control delictivo, sino también dominio económico y político de la región.
Además, denunciaron que las investigaciones oficiales son prácticamente inexistentes y que no existen avances claros sobre las personas asesinadas y desaparecidas en los últimos años.
RECHAZAN MILITARIZACIÓN Y EXIGEN SEGURIDAD ACORDADA CON LOS PUEBLOS
Aunque en días recientes fueron desplegados elementos federales y estatales en la zona, las comunidades rechazaron la instalación de un cuartel militar en Alcozacán. Argumentaron que la presencia castrense no ha logrado frenar los ataques ni garantizar condiciones reales de seguridad.
En su lugar, propusieron la creación de cinco bases de operaciones interinstitucionales en puntos estratégicos de los caminos utilizados por grupos criminales. También exigieron que cualquier medida de seguridad sea consultada y acordada directamente con las comunidades indígenas, respetando sus formas de organización y autodeterminación.
DEMANDAS HISTÓRICAS SIGUEN SIN RESPUESTA
Además de las exigencias de seguridad, las comunidades recordaron que arrastran rezagos históricos en salud, educación, infraestructura y acceso a programas sociales.
Entre sus demandas destacan recursos federales del Ramo 33, un centro de salud ampliado, escuelas con personal estable, un mercado comunitario, torres de transmisión para radio comunitaria y la instalación de un Banco del Bienestar.
También solicitaron la reactivación del mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, así como apoyo para familiares de las 81 personas asesinadas y 25 desaparecidas en los últimos años en la región.
Las comunidades insistieron en que la crisis en la Montaña Baja de Guerrero no puede reducirse a una disputa entre grupos criminales. Aseguraron que se trata de una emergencia humanitaria que amenaza la permanencia de los pueblos indígenas en su propio territorio.
