La consolidación de nuevos grupos de presión en Oaxaca ya no puede aceptarse sólo como un asunto sindical o gremial. Lo que se perfila es algo más grave: la expansión de estructuras paralelas de control económico, político y territorial que avanzan al amparo de la debilidad institucional y de una peligrosa coincidencia entre intereses gubernamentales, corporativos y, en algunos casos, criminales.
La aparición reciente de la ASAEO, la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca, es una señal inequívoca. La organización creció con la incorporación de miles de transportistas en distintas regiones y, al mismo tiempo, fue legitimada por el gobierno estatal como interlocutora en la discusión de la nueva Ley de Movilidad. El dato no es menor: mientras gana fuerza en la calle, también gana asiento en la mesa del poder. El mensaje es claro: gobierno y mafias van de la mano.
El problema no es la existencia de organizaciones sociales. El problema es que algunas dejan de representar demandas legítimas y se convierten en aparatos de extracción económica, control territorial y chantaje político. En contextos de pobreza estructural y de Estado débil, esas redes no sólo sobreviven, se multiplican. Oaxaca reúne demasiadas de esas condiciones: nula industrialización, escasa generación de riqueza y una dependencia histórica de estructuras corporativas que han aprendido a vivir del conflicto. Aquí no se crean condiciones para la producción de riqueza, pero si para el extractivismo y el clientelismo político con miras a las elecciones de 2027.
Por eso no sorprende que en Oaxaca proliferen organizaciones dedicadas a disputar rutas, calles, permisos y cuotas de movilización política, mientras siguen siendo una excepción los movimientos capaces de empujar desarrollo científico, innovación o tecnología. Demasiada energía colectiva se consume en pelear por rentas, privilegios y espacios de control; muy poca se invierte en construir futuro.
La Sección 22 del magisterio resume esa contradicción con crudeza. Durante décadas acumuló un poder suficiente para doblar gobiernos, paralizar ciudades e imponer agenda. Sin embargo, los indicadores educativos de Oaxaca siguen entre los peores del país. El contraste es devastador: una estructura sindical cada vez más fuerte no produjo una educación más fuerte, sino un sistema atrapado entre la presión política y el rezago.
Con la ASAEO podría incubarse una versión similar, ahora montada sobre el transporte y la operación político-electoral. En Oaxaca es sabido que grupos de mototaxistas y transportistas participan en campañas mediante movilización de votantes, propaganda territorial y redes clientelares. No actúan únicamente como sindicatos: operan también como maquinarias de control con capacidad real de influencia en colonias, municipios y procesos electorales.
Lo más alarmante es la cercanía entre algunos de estos grupos y el poder público. Cuando dirigentes señalados por prácticas violentas o irregulares aparecen junto a funcionarios, la sospecha deja de ser sospecha y se convierte en evidencia política: no estamos ante adversarios, sino ante aliados tácticos. Y cuando esas organizaciones son integradas a mesas institucionales, el mensaje es demoledor: en Oaxaca pesa más la capacidad de presión territorial que la fuerza del estado de derecho.
A ese cuadro se suma la presión fiscal sobre una sociedad ya empobrecida. Mientras comerciantes, pequeños empresarios y ciudadanos cargan con más impuestos, multas y cobros, crece la percepción de que el verdadero interés del sistema no está en producir riqueza ni en garantizar derechos, sino en sostener estructuras corporativas y burocráticas que administran el conflicto, capturan espacios públicos y sobreviven de la tensión permanente. Nos roban desde el poder institucionalizado y desde los poderes fácticos.
¿Qué hará el ciudadano común y corriente cuando por un lado la sobrerregulación municipal asfixia la economía, su policía vial se comporta como un cártel extorsionador y, por el otro lado se alía con personajes de dudosa reputación en agrupaciones mafiosas?
Oaxaca avanza, peligrosamente, hacia una explosión social provocada por altos impuestos y extorsiones mafiosas. El gobierno conserva la legalidad formal, pero comparte en los hechos el control territorial con organizaciones que regulan calles y actividades económicas mediante extorsiones, cobro de piso o la policía vial. La consecuencia no es sólo económica, es una degradación moral cuando los grupos de presión valen más que las instituciones, la democracia se vacía y el ciudadano pierde sus derechos para convertirse en rehén de mafias, policías, jueces, clientelas y pactos de conveniencia.
