Otro debate se encendió esta semana a propósito de un proyecto de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y es el debate en torno a quien tiene poder sobre la Constitución.
Independientemente de las confusiones gramaticales que generan términos como poder constituyente, poder reformador, constituyente permanente o poder revisor de la constitución, las preguntas de fondo son ¿Quién tiene el poder de cambiar lo que dice la Constitución y cuáles son los límites de lo que se puede cambiar en ella?
La teoría constitucional dice que las constituciones tienen “cosas” que bajo ninguna circunstancia pueden eliminarse o modificarse sustancialmente del texto constitucional, porque esas “cosas” son la esencia de la Constitución. Sin ellas el orden constitucional se rompe y dejaríamos de vivir en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
A esas “cosas” que no se pueden cambiar algunos (como Carl Schmitt) les llamaron decisiones políticas fundamentales y otros, con mayor insistencia, les denominan cláusulas pétreas.
Son eso que el famoso Luigi Ferrajoli llama “el ámbito de lo indecidible” que, dicho en otras palabras, está llamado a durar por siempre.
En el caso de México esas cosas eternas vendían siendo la república, la división de poderes, la democracia representativa, los derechos humanos y tantas otras cosas sin las cuales nuestra esencia política se perdería.
El ministro Guerrero García escribió en su proyecto de sentencia que “… el poder reformador de la Constitución … no es un poder constituido sujeto a control, sino un órgano que ejerce una función soberana de actualización del pacto social”. Y eso encendió la discusión.
¿Puede el poder reformador (llamado por algunos “constituyente permanente”), integrado por las dos terceras partes del Congreso de la Unión más diecisiete congresos locales cambiar lo que quieran en la Constitución?
La respuesta casi unánime de la doctrina es que no; no se pueden cambiar esas cláusulas pétreas.
Pero subyace una interrogante más profunda. ¿Puede el poder político situarse por encima de la doctrina constitucional? Y la respuesta la hemos tenido reiteradamente con las últimas reformas constitucionales tan controvertidas.
El dilema de si el derecho condicionaba a la política o esta última utilizaba a las normas jurídicas como instrumento, ha quedado superada.
La crudeza de nuestro tiempo grita con estruendo que en México el derecho sirve y se subordina a la política y a sus fines prácticos.
¿Qué impide que ese poder reformador cambie lo que “la clase política dominante” quiera que se cambie o que se quite de la Constitución? Nadie.
La regla es que en este país se hace lo que el presidente o la presidenta digan, con algunas excepciones que han sido notables.
Por eso somos un régimen presidencialista y no parlamentario. Y si alguna vez Vargas Llosa nos llamó “dictadura perfecta” y antes que él, Daniel Cosío Villegas nos tildó de “monarquía sexenal”, lo que queda no pueden ser solo resabios.
Hoy la fuerza del ejecutivo sigue estando hasta en la consciencia colectiva. Si no, ensayemos una encuesta preguntando a la gente en la calle “¿Quién manda en México?”
Independientemente de las respuestas, las que apunten al plano político dirán que manda la presidenta.
De ahí que la orientación institucional de México tenga históricamente mucho tiene que ver con “el estilo personal de gobernar” de nuestros presidentes y presidenta.
Aquí tampoco manda (y no digo que sea lo correcto) la Corte Interamericana de los Derechos Humanos; y a los Estados Unidos (para bien o para mal) aún parece importarle poco lo que México haga para sus adentros.
Lo que quiero decir es que para tomarnos en serio el orden constitucional que nos merecemos tenemos que esperar, como condición mínima, que llegue un jurista o una jurista a la presidencia.
Una transformación de abajo hacia arriba (up from the bottom) es posible, pero será inevitablemente más lenta y no le veo al pueblo de México mucha urgencia ni muchas ganas de iniciarla.
