Estudiando un libro llamado Filosofía de la Democracia editado por la Universidad de los Andes y por el profesor Rodolfo Arango me encontré con un artículo del Dr. Carlos Miguel Herrera titulado “La teoría de la democracia del positivismo jurídico”, que contiene una idea muy poderosa y polémica.
Es la idea de que los científicos sociales – especialmente los juristas- están llamados a participar políticamente y, por lo tanto, a militar activamente en los partidos políticos.
Es una idea defendida por Alf Ross (discípulo de Kelsen) que como los más ilustres ius positivistas del siglo XX (con excepción de Kelsen) militaron en sendos partidos de corte social demócrata.
Me refiero al propio Ross, a Bobbio y a Hart.
Los últimos capítulos de la obra más conocida de Ross (Sobre el derecho y la justicia) se ocupa, según refiere el Dr. Herrera, de la cuestión.
Y no es que Ross simpatice con la idea de que el “filósofo rey” de Platón se convierta en un técnico rey. Porque para el danés, el científico social no está por encima del político, sino al contrario.
Por la sencilla razón de que el científico es solo experto en su campo de conocimiento, mientras que el político posee esa visión general necesaria para la toma de decisiones en el gobierno.
El político debe, sin embargo, complementarse con los técnicos (y con los juristas esencialmente) porque para Ross -y la idea no es tan lejana en Kelsen- la democracia es un “sistema jurídico”.
En este hilo argumentativo, Ross dice que el científico social puede perfectamente “practicar” la ciencia y la política convirtiéndose en un técnico social al que llama taxativamente “político jurídico”.
Un político jurista, así entendido tendía la alta tarea de esclarecer al político en lo que toca a la función normativa del derecho y su conexión con la conducta humana.
Ross se revela como un jurista práctico, casi un sociólogo jurídico. Vendría a ser germinalmente lo que hoy comúnmente se conoce como un realista jurídico.
En 1997 Michelangelo Bovero escribió para la revista “Este País” un texto llamado “Kakistocracia: la pésima república” y de ahí la palabra, que podríamos traducir como el gobierno de los peores, toma fuerza.
Una de las críticas que se hacen a casi todos los gobiernos en casi todas las democracias es la que apunta a la deficiente formación y ausencia casi total de escrúpulos de nuestra clase política.
Se alude a que resulta increíble que “los peores” estén tomando, en su propio beneficio, las decisiones que nos afectan a todos.
Y se ha reproducido en una espiral el fenómeno de la distancia que (por desprecio, apatía o salud mental) han tomado de la política práctica, las mentes mas lúcidas de nuestro tiempo, especialmente los abogados. He escrito ya mucho sobre ello.
Hemos vivido ya varios años en un ambiente de “cada quien a lo suyo”, y en el caso singular de México, la situación se agrava con el adelgazamiento paulatino de la oposición política, incluso en los congresos.
En este contexto, yo creo que le vendría bien a los gobiernos la suma de gremio de los abogados que simpatizando con la orientación ideológica y con el proyecto de gobierno pueden aportar más luces a la consolidación del mismo sin erosionar la esenia misma de la democracia, en la que todos estamos de acuerdo.
Como ya lo han insistido algunos juristas esclarecidos como mi amigo Luis Octavio Vado, tal vez un buen comienzo sea recurrir a los abogados constitucionalistas para delinear un constitucionalismo de la cuarta transformación como un auténtico modelo de gobierno en democracia.
Desde luego que la oposición también está llamada, como aparentemente lo está haciendo, a hacer lo propio.
En otra entrega me referiré al papel que los jueces pueden jugar en este nuevo diseño democrático que los mete a la lógica de las elecciones.
*Magistrado presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
