La semana negra que acabamos de atravesar desmiente el oasis del discurso oficial: no somos el 5º estado más seguro del país y, en desapariciones, las estadísticas van hacia arriba. La realidad nos cuenta una historia muy diferente, tanto la que viene del púlpito mañanero como la que se intenta construir desde el púlpito primaveral. No se puede ocultar la realidad detrás de cifras triunfalistas ni con ajustes metodológicos en el conteo. La manipulación de cifras es violencia psicológica desde el gobierno.
Los datos oficiales nos hablan de más 132 mil desaparecidos. De ellos, alrededor del 36% —más de 46 mil casos— no pueden ser buscadas porque carecen de información mínima para iniciar una investigación. No es un dato menor, es el colapso estructural del propio gobierno que, al dejar sin nombre, sin contexto, sin fecha o lugar, la persona desaparecida queda en una especie de limbo burocrático: no solo están desaparecidos, tampoco existen en los registros del Estado.
Un gobierno que presume avances espectaculares en el combate al crimen que su antecesor abrazó, pero que admite que no tiene ni siquiera registros de un tercio de ellos, muestra una más de las contradicciones y mentiras que caracterizan al régimen de la 4T.
Si a nivel nacional existe un colapso estructural en materia de seguridad, en Oaxaca la situación es igualmente preocupante. Reportes de las desapariciones se están acelerando y, del total de registros existentes desde hace décadas, en los últimos seis años, dos de Murat y los que lleva la primavera local, el crecimiento ha sido de un desorbitante 73%. Con estas cifras alarmantes no está de más preguntarse ¿Dónde está el Oaxaca seguro que se presume?
El gobierno responde a esa pregunta de una manera “creativa”, por no decir falsa. Su secreto está en la forma en que construyen sus cifras y estadísticas. La federación ha optado por fragmentar el universo de personas desaparecidas en categorías que reducen artificialmente la magnitud del problema: quienes no han tenido actividad, quienes sí registran movimientos administrativos y, finalmente, quienes carecen de datos suficientes. Esta última categoría —el 36%— funciona, en los hechos, como un espacio de dilución estadística. En palabras muy sencillas: no es que no existan, es que no los cuentan.
Manipulando números, palabras y descripciones pueden presentar una cifra más baja de desapariciones reales al quedar miles de personas en registro incompletos. Esta manipulación es la politización del dolor que se esfuerza en hacer que el problema se vea menor, pero no se esfuerzan lo suficiente en resolverlo.
Si en el terreno de las desapariciones la realidad se diluye en registros incompletos, en el de los homicidios la distorsión es aún más evidente: los datos oficiales no coinciden con los hechos documentados.
Al cierre de marzo, Oaxaca se ubicó entre las tres entidades con más homicidios diarios en el país. No se trata de una percepción, sino de un patrón sostenido. El 4 de marzo, por ejemplo, los reportes oficiales registraron cuatro asesinatos, pero la documentación periodística identificó al menos siete, lo que colocó a la entidad en el primer lugar nacional ese día, empatada con Guanajuato
No fue un caso aislado. Lo mismo sucedió el 27 de marzo: solo 4 homicidios según las cifras oficiales, pero 7 en los hechos de acuerdo con la información publicada por EL IMPARCIAL. Esto muestra un patrón de conducta oficial: la constante no solo es la violencia, sino la diferencia entre lo que ocurre y lo que reportan. El intento de manipulación a través de una narrativa falsa es evidente.
La violencia no responde al discurso, que los reduce a enfrentamientos entre grupos criminales. Los reportes periodísticos muestran otra cosa: ejecuciones múltiples en espacios públicos que incluyen civiles, menores y hasta familias completas.
Eso fue en marzo, en abril, en apenas 3 días, Oaxaca concentró alrededor del 10% de los homicidios registrados en todo el país, una proporción desproporcionada para una entidad que presume estar entre las más seguras. El número de homicidios se ha mantenido de forma constante entre los más altos del país. No es que no haya violencia, es que el gobierno insiste en minimizarla.
Si de algo carece este gobierno es de credibilidad. El ejercicio de revocación de mandato lo confirma. Y con eso y todo insisten en un subregistro que, más que una falla técnica, es una herramienta política. Tanto al gobierno federal como al estatal no les creemos que disminuyan los delitos, se trata solo de una tramposa redefinición. Están administrando la violencia para heredársela al siguiente gobierno.
COLOFÓN
Mientras el gobierno estatal convoca a apoyar al régimen cubano, la familia oficial se va de compras a Los Ángeles.
