A casi dos meses de que el Tribunal Superior Agrario (TSA) determinó que le tiene ceder 2,651 hectáreas de sus tierras comunales al ejido chiapaneco de Canaán a cambio de una indemnización, las autoridades comunales de Santa Chimalapa buscan ampararse ante dicho fallo y el del juicio por el que también exigían la nulidad del ejido chiapaneco Cal y Mayor.
El comisariado de Bienes Comunales de Santa María Chimalapa informó que el próximo 7 de abril entregarán al Tribunal Superior Agrario, en Ciudad de México, “dos amparos agrarios contra dichas sentencias”, mismas que califican como injustas, “para que el TSA los remita de inmediato -como marca la ley- al Poder Judicial de la Federación, para su trámite correspondiente”.
Las autoridades comunales reiteraron que los dos núcleos agrarios de Canaán y Cal y Mayor están “ilegalmente implantados como ejidos dentro de nuestro ancestral y biodiverso territorio comunal”.
Por eso ratificaron su determinación de continuar por todos los medios a su alcance la defensa de su “ancestral territorio y de sus invaluables montañas, selvas, bosques y ríos”.
En el marco de la entrega formal de los amparos, las autoridades agrarias realizarán una marcha pacífica desde las oficinas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) hacia la sede del Tribunal Superior Agrario, en la capital del país.
UN MES SIN RESPUESTA
La decisión de recurrir a los amparos se da a casi un mes de que el comisariado buscó la intervención de la Secretaría de Gobernación y del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, para anular el fallo en favor de Canaán, y sin que hasta ahora haya respuestas favorables.
LA RETENCIÓN DEL PROCURADOR AGRARIO
El pasado 2 de marzo, tras el fallo del TSA, las autoridades de Santa María Chimalapa retuvieron en su comunidad al procurador agrario, Víctor Suárez Carrera. El funcionario, a quien se mantuvo en calidad de “invitado”, tuvo que permanecer en Chimalapa hasta que la asamblea aceptó sus propuestas de reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el magistrado presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz.
Ambas reuniones fueron establecidas para el 9 de marzo, pero la comisión de comuneros de Santa María Chimalapa (encabezada por Gustavo Esteva) se levantó de la mesa de diálogo, luego de que la funcionaria federal no acudió y en su lugar envió al subsecretario César Yáñez Centeno. De la reunión con Hugo Aguilar Ortiz se desconoce si se concretó o no y cuáles fueron los avances.
Mediante los juicios 3035/2017 y 321/2018, el municipio indígena de Santa María Chimalapa había solicitado inicialmente al Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito 22 de Tuxtepec la anulación de los ejidos chiapanecos de Canaán y Rafael Cal y Mayor, asentados en el territorio zoque de Oaxaca.
Sin embargo, el 22 de noviembre de 2024 el TUA de Tuxtepec resolvió a favor de los ejidos chiapanecos, por lo que Santa María Chimalapa recurrió al Tribunal Superior Agrario (TSA), el cual resolvió el 18 de febrero a favor del ejido Canaán. En tanto, hasta esa fecha el juicio por Cal y Mayor seguía pendiente, ya que el Tribunal Superior devolvió el expediente a Tuxtepec por falta de información.
