• Inseguridad
• Graves Daños
Uno de los problemas más alarmantes es la impunidad. Casos de violencia, desapariciones forzadas y abusos de autoridad rara vez son investigados de manera efectiva, lo que genera desconfianza en las instituciones y perpetúa un ciclo de injusticia. Las comunidades indígenas, en particular, enfrentan un abandono sistemático: carecen de acceso adecuado a servicios básicos, justicia y representación, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad constante.
La revelación de organizaciones civiles que en los últimos 28 meses se han deteriorado sensiblemente los derechos humanos en los pueblos indígenas y afroamericanos, como el derecho a defender derechos, a una vida libre de violencia, a las personas en situación de movilidad y a las personas con discapacidad, entre otros, coloca a Oaxaca en una situación muy delicada.
En su segundo informe “¿Avanza o no, el respeto a los derechos humanos en Oaxaca?”, establecieron que en la entidad hay una violación sistemática de derechos humanos, altos niveles de impunidad y una débil respuesta institucional con la inacción y la aquiescencia del gobierno.
En la actual administración estatal han asesinado a 32 personas defensoras y más del 90 por ciento de los casos continúan en la impunidad. Al margen de los casos en los que son hostigados, amenazados o se han iniciado procesos penales en contra de activistas y luchadores sociales. Este retroceso o profundización de la violación a los derechos humanos está vinculado a cuatro principales aspectos.
Uno: la construcción de obras para el supuesto desarrollo económico de Oaxaca y sus comunidades; obras sobre las cuales prevalece la opacidad y la falta de consulta pública informada a las poblaciones que son afectadas. Dos: la agresión y criminalización de las personas defensoras, pues tan solo en Oaxaca han asesinado a 32 en el último gobierno, sin contar el otro tipo de agresiones que sufren. Tres: incremento de la violencia feminicida, y cuatro: la atención a grupos vulnerables como las personas con discapacidad, las personas de la diversidad sexual, y las personas afrodescendientes, entre otros.
… A VUELO DE PÁJARO
La violencia convulsiona a Oaxaca y no se aprecia que se pueda detener en el corto plazo. Nazareth Cortés Velasco, presidenta del Comisariado Ejidal de San Pedro Totolapan, fue asesinada a bordo de la camioneta oficial cuando viajaba con su hija Monserrat Cortés Velasco, de 24 años, quien resultó lesionada. La comunidad es sede del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU), y en su territorio se encuentra la localidad de San José de Gracia, con la mina El Águila, filial de la empresa estadounidense Gold Resource Corporation, que extrae zinc, plomo, cobre, plata y oro y suscribió un contrato de trabajo con la Sección 111 del Sector Transporte de la CTM.
Seguridad
Los diferentes sectores sociales de Juchitán de Zaragoza exigen frenar la creciente ola criminal. A través de un comunicado expresaron su “profunda preocupación ante el deterioro sostenido de las condiciones de seguridad en Juchitán de Zaragoza, situación que ha impactado de manera directa y severa la estabilidad social, económica y emocional de nuestra comunidad”. Según estimaciones del sector empresarial local, más del 30% de los establecimientos han registrado caídas en sus ingresos, mientras que 15% ha tenido que cerrar temporal o definitivamente debido a extorsiones, amenazas o riesgos operativos.
Magisterio
Mientras la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) manifestó su rechazo a continuar las negociaciones con los secretarios de Gobernación y Educación Pública, Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado, por considerarlos funcionarios sin “capacidad resolutiva”, en Oaxaca por segundo día consecutivo se perjudicó la educación de miles de estudiantes y se cancelaron las actividades comerciales en plazas, además de impedir labores en oficinas del Gobierno de Estado. Insisten que el diálogo debe reinstalarse directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para abordar demandas centrales como la abrogación de la Ley del Issste 2007 y la Ley Usicamm.
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