Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos señaló hoy al ex procurador de Oaxaca, de presuntamente ser autor material de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, militantes del Ejército Popular Revolucionario, de continuar prófugo y evadir el que califican “crimen de estado”.
Mediante un comunicado de prensa indican que “a más de 6 años de que se emitiera la orden de aprehensión en contra de Evencio Nicolás Martínez por su responsabilidad en la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya cometida el 25 de mayo del 2007, este continúa prófugo de la justicia y su representación legal busca a toda costa que permanezca impune ante este crimen de estado”.
Afirmaron que el ex funcionario, a través de sus abogados, ha Interpuerto diversos amparos y recursos de revisión para mantenerlo en impunidad al no ser localizado. “Durante todos estos años la Fiscalía General de la República no ha girado las órdenes necesarias para su localización, protegiéndolo y convirtiéndose en cómplice de este crimen”, afirmaron.
Afirmaron que se carecen de órdenes de cateo y de investigación efectiva para dar con su paradero, aún y cuando se tienen datos sobre él.
El Comité de Víctimas presume que en estos días el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en Oaxaca resolverá si Evencio Nicolás Martínez continúa con la orden de aprehensión en su contra. “De concederse el recurso de revisión se estarían violentando una vez más los derechos de los desaparecidos”, ya que los responsables lo que buscan es sustraerse de la justicia y permanecer impunes como hasta ahora lo han hecho.
En agosto del 2019 la Ministerio Público a cargo de la investigación giró orden de aprehensión en contra de Evencio Nicolás Martínez, Pedro Hernández Hernández y 8 policías más. De estos sólo 7 policías se encuentran detenidos, “sin embargo, Pedro Hernández y Evencio no, ya que, alertados por las mismas autoridades del Estado de Oaxaca, se dieron a la fuga para no ser detenidos”.
Ante ello, los familiares exigieron, mediante un comunicado, que mantenga el estatus jurídico del ex procurador.
