• Hay Reformas
• Temor en Mazatlán
La negativa de Chimalapas a aceptar el fallo del Tribunal Unitario Agrario evidencia la fragilidad del sistema agrario mexicano frente a conflictos históricos no resueltos. Más que un acto de rebeldía, el rechazo puede interpretarse como un llamado a replantear la relación entre justicia formal y justicia social, en un país donde la tierra sigue siendo sinónimo de identidad, supervivencia y dignidad.
Vuelve a poner en el centro del debate nacional un problema histórico en México: la disputa por la tierra, la identidad y el reconocimiento de los territorios indígenas. Lejos de tratarse únicamente de un desacuerdo legal, el conflicto refleja tensiones estructurales entre el Estado, las comunidades originarias y los intereses económicos que rodean una de las zonas con mayor biodiversidad del país.
La región ha sido escenario de disputas agrarias durante décadas. La complejidad del conflicto no solo se basa en la delimitación territorial, sino en la superposición de resoluciones, decretos y omisiones gubernamentales que han generado incertidumbre jurídica. En este contexto, el fallo del Tribunal Agrario, que pretende dar certeza legal a la posesión de tierras, es percibido por sectores comunitarios como una decisión que ignora derechos históricos y formas tradicionales de organización.
El problema radica en la distancia entre la legalidad formal y la legitimidad social. Si bien el Tribunal puede fundamentar su resolución en documentos y marcos normativos vigentes, las comunidades indígenas sostienen su reclamo en la memoria colectiva, la posesión ancestral y el derecho a la libre determinación reconocido en instrumentos nacionales e internacionales. Cuando la justicia agraria no logra integrar estas dimensiones, corre el riesgo de profundizar el conflicto en lugar de resolverlo.
Además, el trasfondo ambiental no puede minimizarse. Los Chimalapas constituyen una reserva ecológica estratégica, rica en selvas y biodiversidad. La incertidumbre territorial abre la puerta a invasiones, tala ilegal y explotación de recursos naturales. En este sentido, el desacuerdo frente al fallo no solo expresa una disputa jurídica, sino una defensa del territorio frente a intereses externos que históricamente han presionado la región.
…. A VUELO DE PÁJARO
El Congreso de Oaxaca aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y la Ley en Materia de Desaparición de Personas, para crear dos fiscalías especializadas que atiendan de forma exclusiva los delitos de tortura y desaparición, tanto forzada como cometida por particulares. En un estado con profundas desigualdades económicas, históricas tensiones sociales y una presencia insuficiente de mecanismos efectivos de seguridad pública, la desaparición forzada y no forzada se han convertido en una sombra permanente para miles de familias. Hoy se reconoce que las víctimas transitan por “un laberinto institucional que en la práctica parece estar diseñado para perpetuar el olvido y la impunidad.”
Conflicto
Habitantes de San Juan Mazatlán Mixe, denunciaron que sufren desabasto de víveres tras el sitio que impuso Santo Domingo Petapa, por el problema de límites que enfrentan. Las familias desplazadas de Loma Santa Cruz y la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) confirmaron que el conflicto escaló con la muerte de Israel Cabrera Cortés y Palemón Agustín, por lo que exigen la intervención de los gobiernos estatal y federal y de la Defensoría de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca para garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.
Elección
Ahora que la titular el Poder Judicial de Oaxaca, Erika Rodríguez plantea analizar el aplazamiento de la elección judicial de 2027, debido al “riesgo de politización” al coincidir con otros cargos, vale la pena resaltar que en teoría, permitir que la ciudadanía participe en la elección de jueces y magistrados puede interpretarse como un ejercicio democrático que rompe con esquemas tradicionales de designación cerrada. Sin embargo, el Poder Judicial no cumple una función política, sino técnica y constitucional: garantizar la legalidad, proteger derechos humanos y actuar como contrapeso frente a los otros poderes del Estado. Someter estos cargos a procesos electorales puede generar presiones partidistas, financiamiento opaco o compromisos políticos que comprometan la imparcialidad. Esto va a suceder en ese año como en cualquier otro. ¿Pretende quedarse más allá de lo pactado?
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Volveremos
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