Oaxaca volvió a ocupar titulares internacionales, pero no por su cultura ni por su riqueza histórica. Dos niñas haitianas murieron ahogadas en una cisterna dentro del albergue del DIF estatal “Casa de Patos”. No escapaban de la violencia criminal ni de traficantes de personas; estaban bajo custodia del Estado mexicano. Ese hecho, por sí solo, agrava cualquier responsabilidad política y jurídica y podría llegar a tribunales internacionales.
La reacción oficial fue la de siempre: inicio de carpetas de investigación, declaraciones solemnes y promesas de llegar “hasta las últimas consecuencias”. Sin embargo, la experiencia histórica nos obliga a preguntar si la raíz del problema será realmente abordada o si asistimos, una vez más, a un ritual administrativo destinado a diluir la indignación pública.
El dato revelado por EL IMPARCIAL resulta demoledor: buena parte del personal que labora en el DIF estatal carece del perfil profesional adecuado. Hay trabajadores sin estudios concluidos de educación básica, y otros sin título ni cédula profesional para desempeñar responsabilidades técnicas o de atención especializada. En una institución encargada de proteger a menores, y población vulnerable, la improvisación no es un detalle menor; es un riesgo permanente y hasta un crimen.
Esta situación no es producto del azar. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se popularizó un criterio de selección que privilegiaba la lealtad política por encima de la capacidad técnica. El mensaje era claro: la afinidad ideológica podía suplir la formación profesional.
El problema no radica en la lealtad en sí misma, sino en su conversión en único mérito. La administración pública moderna se construyó sobre el principio del servicio profesional de carrera precisamente para evitar que el Estado se convierta en botín. Cuando las plazas se asignan como recompensa política o como pago de favores familiares, el aparato gubernamental se corrompe y, lo que es más grave, pierde capacidad de proteger a los ciudadanos.
Oaxaca ofrece un ejemplo doloroso de esa dinámica. El señalamiento constante de nepotismo no es mera consigna opositora; es una percepción social alimentada por nombramientos que priorizan vínculos familiares sobre competencias profesionales.
En el caso de las niñas fallecidas, la pregunta esencial no es solo quién dejó abierta una cisterna. La pregunta de fondo es cómo una institución responsable del cuidado infantil puede operar sin protocolos estrictos de supervisión, sin personal capacitado y sin cultura preventiva. Los accidentes existen, pero las instituciones están obligadas a minimizar riesgos mediante procedimientos claros y vigilancia constante. Cuando eso falla, no hablamos de fatalidad, sino de omisión.
La frase popular “muerto el niño, se tapa el pozo” resume una práctica histórica: actuar después de la tragedia, nunca antes. Se detiene a algunos funcionarios, se anuncian revisiones internas, se colocan candados y se promete que no volverá a ocurrir. Pero el verdadero pozo que permanece abierto es la manera de nombramientos discrecionales que debilita y corrompe a las instituciones desde dentro.
La negligencia no siempre se manifiesta en actos espectaculares de corrupción; a menudo se expresa en la rutina burocrática, en la tolerancia a la incompetencia, en la normalización de perfiles inadecuados. Es una forma silenciosa de corrupción porque no necesariamente implica desvío de recursos, sino algo igualmente dañino: la renuncia deliberada a la excelencia en el servicio público.
México arrastra esta costumbre desde hace décadas. El patrimonialismo —la idea de que el gobierno es propiedad del grupo en el poder— ha sobrevivido a distintos regímenes y colores partidistas. Sin embargo, en un contexto democrático, la sociedad tiene derecho a exigir algo más que palabrería humanista: tenemos derecho a instituciones profesionales, evaluables y transparentes.
La muerte de dos niñas migrantes en Oaxaca debería ser un punto de inflexión. No basta con deslindar responsabilidades individuales; es imprescindible revisar los mecanismos de contratación, fortalecer los servicios profesionales y blindar a las instituciones de la captura política y familiar. La administración pública no puede funcionar como premio de consolación ni como retribución militante.
Cuando el Estado asume la custodia de una vida, asume también una obligación ética superior. Fallar en esa misión no es solo un error administrativo, es negar la función básica y primaria del Estado mismo. Mientras la lealtad siga sustituyendo al mérito, la negligencia dejará de ser accidente para convertirse en sistema. Y en ese sistema, los más vulnerables siempre serán quienes paguen el precio más alto.
