Razones

Pese a la firmeza demostrada, tanto por el Fiscal General como por el Fiscal Anticorrupción, en las pesquisas contra los del círculo cercano de Gabino Cué, por el saqueo descomunal del patrimonio de Oaxaca, hay algo que desconcierta a la sociedad que reclama alto a la impunidad.
Me refiero al inesperado beneficio para el exsecretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, de continuar su proceso en casa. Sorprendió tal decisión y provocó un alud de conjeturas: Que si ya hubo acuerdos, que si fueron más fuertes los compromisos políticos, que si es pura simulación, etc.
Busqué a los jóvenes juristas, el doctor Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General, y a Jorge Emilio Iruegas Álvarez. Ambos, en entrevistas por separado, coincidieron en la respuesta:
Que nadie se sorprenda, me dice el primero. Actuamos con estricto apego a la ley. El principio de oportunidad previsto en el código de procedimientos penales, faculta a la Fiscalía para aplicar el principio de oportunidad ¿Qué significa esto?
Que la Fiscalía usa su poder persecutorio penal para pactar con el indiciado ciertos beneficios, como el de mitigar la penalidad a cambio de información que permita a los investigadores reunir evidencias para concluir exitosamente las indagaciones.
¿Esto no significa poner a salvo a Cajiga?
El Fiscal General explica que el principio de oportunidad como el que permite el proceso domiciliario, no es definitivo. La ley es muy clara: ofrece ciertos beneficios al imputado a cambio de información. Esto es -explica- muy importante porque nos permite obtener elementos de prueba para perseguir a todos los implicados (en el brutal saqueo del presupuesto). Pero el beneficio para el exsecretario de Finanzas no es definitivo. “No nos puede engañar”. Si la Fiscalía no considera suficientes las herramientas procesales que aporte el inculpado o no satisfagan, podemos revocar y traerlo nuevamente a la cárcel. Esta es la estrategia de persecución que hemos implementado. Que nadie se sorprenda, afirma el doctor Vasconcelos.
Expone en la entrevista que el principio de oportunidad que aplica la Fiscalía en este caso, es necesario porque muchos de los sospechosos procuraron no dejar huella de sus fechorías. Es una investigación complicada. Se trata de casos complejos, graves, porque existen muchas cuentas bancarias que hay que indagar, casos de prestanombres, rutas del dinero que salió de la Secretaría de Finanzas.
Entre sus deseos de dignificar la política y acotar la impunidad como primicias “de los que integramos este gobierno”, el funcionario externa la seguridad de que “no voy a fallar”.Revela que el gobernador Alejandro Murat, ha reiterado, no solamente en el discurso sino también en los hechos, en que la Fiscalía sea, realmente, un órgano autónomo”.
“Por eso decidí aplicar el novedoso principio de oportunidad”, una medida que suple los arcaicos sistemas de la tortura y entramos a una especie del testigo protegido, herramientas elementales en la investigación de casos graves como el saqueo que sufrió Oaxaca.

En la misma ruta

Un día antes, el Fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas, reveló que “estamos trabajando para llevar a juicio a tres o cuatro funcionarios más” del sexenio pasado”.
Tal como lo dije en mi anterior entrega, Jorge Emilio que en otras responsabilidades abrevó experiencias en el combate a la corrupción gubernamental, tiene una convicción: “no trabajamos sólo por llevar a los responsables del desfalco a la cárcel, nos interesa más la confiscación de lo que se llevaron”.
El responsable de la política anticorrupción se pregunta ¿de qué nos sirve un ex funcionario pudriéndose en la cárcel? En esta interrogante basa su certitud de que “lo esencial es recuperar lo que se llevaron”.
La confiscación es viable mediante ciertas negociaciones legales, dice, (como las que citó el Fiscal General) y luego anuncia que “pronto tendrá noticias de la primera incautación. “Es un monto pequeño, 2.5 millones de pesos, pero es el inicio”, afirma con la seguridad del tenaz cazador.

Nombres

Aunque cauto en sus expresiones de experto jurisconsulto, externa seguridad de que la investigación más trascendente en su lucha anticorrupción, será exitosa. La pesquisa es complicada. Acepta que “estamos ante un entramado complicado, como la investigación de firmas y otros elementos casi invisibles”. Cita como ejemplo, el caso de los que ordenaron transferencia de cifras multimillonarias.
Le insistí ¿dígame algunos nombres?
Para empezar, los procesados Germán Tenorio, Cajiga y Enrique Arnaud, no firmaron directamente, en muchos casos pero dieron la orden. Es lo que buscamos. Dar algunas benevolencias a los procesados para que aporten datos precisos.
Acepta que las averiguaciones están sobre otros sospechosos como Netzahualcóyotl Salvatierra que fungió como titular de la Sinfra; Alberto Vargas Varela en la Secretaría de Administración. Este incurrió en constantes ilícitos y tendrá que ser traído necesariamente para que explique el gran fraude que significa el llamado “Citybus” que resultó un fiasco. Lo indagan también por presunta defraudación fiscal, lavado de dinero, delitos que pudo haber cometido mediante la implementación de contratación de personal a través de los outsourcing. En la mira están también el ex titular de la Sectur, José Zorrilla, Jorge Castillo, entre otros.
Como muestra del saqueo descomunal del presupuesto de Oaxaca, en el sexenio pasado, el Fiscal Anticorrupción remata con un dato: existen 30 denuncias penales contra presidentes municipales. Estos casos se complican con las maniobras del aún auditor superior Carlos Altamirano, cuyo amparo judicial, de alguna manera, complica el avance de la investigación.

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