Los hechos ocurridos el pasado lunes, cuando el gobernador Alejandro Murat fue materialmente perseguido y acorralado por turbas magisteriales, teniendo como telón de fondo una ciudad sitiada por los bloqueos y la impunidad de dirigentes magisteriales y sindicatos del crimen como la CTM, obliga al ejecutivo estatal a realizar una revisión exhaustiva de su política de gobierno y evitar que el hartazgo social, por la constante amenaza a nuestras libertades, se transforme en verdadero estallido social. Los medios han actuado como verdaderos catalizadores de esta realidad. Sin embargo, ni en los peores momentos de gobiernos pasados, se vio una visión torcida y sesgada respecto a la importancia que los mismos tienen en su espacio vital, que es, justamente Oaxaca. Sin adelantar vísperas bien podremos decir que cuando se le quiera apostar a los mismos, la cresta será demasiado elevada para poder revertir dicha situación. Existe en este momento molestia, agravios y una política de relegar, en pos de mostrar en la capital del país y en los medios mal llamados nacionales, una visión del estado que no corresponde a la realidad. Suena a broma pensar en un canal inter-oceánico, cuando no se ha podido superar del todo, la protesta respecto a la situación de los municipios cooptados para la instalación de empresas que generan energía eólica.

No se trata de poner en tela de juicio los proyectos loables que trae entre su bagaje el gobernador Alejandro Murat. Solamente de poner los puntos sobre las íes y confirmar lo que siempre hemos dicho: en tanto no se restablezca el Estado de Derecho y el imperio de la ley, los maestros, las organizaciones sociales y los sindicatos del transporte, serán los dueños de Oaxaca y nada caminará hasta que ellos lo decidan. El pueblo oaxaqueño quiere vivir en paz; desea estar como una sociedad civilizada, en donde reine la tranquilidad y la gobernabilidad democrática, no acotados por bloqueos infames de grupos magisteriales y transportistas. Hay proyectos inconclusos que urgen a la ciudadanía, como la súper carretera al Istmo y la Costa, que en ocho meses de gobierno no han avanzado un ápice. Aquí no se magnifican sandeces, ni se quema incienso ni, mucho menos se tuerce la realidad. Los llamados “medios nacionales” tienen un mercado sumamente restringido, incluso en internet. Pero a ellos se les ha apostado. Habrá que ver en los canales de transparencia y rendición de cuentas, qué tan onerosos resultan para el erario estatal.

Ilícito impune

Es extraño que Caminos y Puentes Federales de Ingresos, Similares y Conexos (CAPUFE), la dependencia o empresa responsable del cobro de las cuotas en casetas de peajes como Huitzo y Suchixtlahuaca, sigan permitiendo que grupos de delincuentes -que lo son- sean maestros de la Sección 22, de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO) o de la organización que sea, en una acción que es vil robo, lo sigan cometiendo en absoluta impunidad. Se trata -insistimos- de un asalto a automovilistas y a la misma entidad que administra los tramos de la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan, a quienes cobran 50 pesos o más, al igual que vacían los tanques de camiones cisterna, que van cargados de gasolina. ?Por qué tanta impunidad? Si cualquier vecino hace una acción similar, con certeza será detenido y vinculado a proceso, pero las acciones de grupos a veces reducidos, resultan una ofensa al sentido común y al ardid oficial de que vivimos en un país de leyes. Esta situación se da a menudo, justamente porque no existe voluntad política para aplicar la ley; porque el hábito se volvió costumbre, pese a estar en el ámbito de la ilegalidad, además porque quienes cometen dicho ilícito lo hacen con la consciencia de que ninguna autoridad los llamará a cuentas.

Y nos decimos sorprendidos, porque se trata de carreteras federales que deben estar bajo vigilancia de la vertiente de Caminos de la Policía Federal. Pero ni ésta ni ninguna otra corporación es capaz de paliar estas acciones que resultan una afrenta a los derechos civiles, pues aunque pocos reparen en ello, el hecho de pagar sin el recibo correspondiente, hace que automovilistas y pasajeros viajen con el riesgo de accidentes, de los cuales no serán indemnizados. Lo que indigna a la opinión pública es que en el transcurso de cinco o diez horas, estos hampones se meten al bolsillo cantidades que jamás imaginaron, sin hacer absolutamente nada sino atracar vilmente. Y lo hacen una vez y lo hacen otra, sin que reciban castigo. Por ello, es común escuchar o que publiquemos la nota de la toma de las casetas por parte de grupos a veces insignificantes de normalistas, maestros o comuneros. Es una forma ruin de sacar dinero, que en términos legales, no es más que un robo violento y en descampado. ?Seguiremos padeciendo a estos delincuentes y la insultante impunidad con la que operan?